Como una forma de reducir los costos de operación del gobierno en medio de la crisis fiscal, el representante Guillermo Miranda Rivera propuso reemplazar la seguridad privada en las escuelas con miembros de la Policía de Puerto Rico, a la vez que contribuya a frenar la violencia en los planteles escolares.
“En el pasado, la Policía destacaba personal para la vigilancia directa de los planteles escolares [para] ayudar a crear un ambiente ordenado de estudios”, recordó el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Mediante la resolución de la Cámara 7, se ordena al Departamento de Educación y a la Policía de Puerto Rico crear un plan piloto de vigilancia policiaca en las escuelas públicas con el fin de lograr una transición ordenada, eliminando la contratación de compañías privadas de seguridad.
El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes consideró que, ante la profunda crisis social que se refleja en los actos de violencia y que recientemente han tomado como escenario principal los planteles escolares, la presencia policial puede ser persuasiva para frenar las acciones delictivas.
Para Miranda Rivera es necesario propiciar un acuerdo colaborativo a los fines de que la Policía brinde seguridad a las escuelas del Estado, y se logre con ello una merma en los actos violentos que se han reflejado en los aulas escolares y, en su defecto, “se cree un ambiente de hermandad en nuestros centro de educación”.
“Esta medida es necesaria para comenzar a crear un sistema educativo seguro, en armonía con la comunidad académica y en condiciones óptimas para todos los estudiantes de la Isla”, recalcó.
Mediante la colaboración entre ambas agencias se convertirán a los planteles “en centros educativos seguros, libres de drogas y violencia, redundando en un mejor ambiente educativo que trae [como resultado] una mejor enseñanza y armonía entre la comunidad educativa”.
