Mientras que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares abordará la importancia de que se incluya a Puerto Rico en el recibimiento de fondos adicionales de Medicaid, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se unirá al reclamo y, además, pondrá sobre la mesa las recomendaciones que rindió el task force de desarrollo económico en diciembre pasado en la reunión de hoy de la Junta de Control Fiscal federal.
El informe que rindió el grupo especial para el desarrollo económico de Puerto Rico quedó en manos del Congreso. Según comunicó en diciembre el excomisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, parte de la investigación que realizó el grupo por unos cinco meses recopiló información y recomendó que el Congreso federal debía radicar legislación a los fines de atender el precipicio fiscal de Medicaid y de extender paridad de fondos y trato en el Medicare de la isla.
La portavoz de González, Marielli Padró, confirmó que la comisionada residente llevará a la Junta las conclusiones del informe del task force de desarrollo económico, que contiene una centena de páginas.
Tanto González como el gobernador serán parte de los primeros deponentes en la sexta reunión de la Junta en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
El tema central de este encuentro será, en efecto, el desarrollo económico.
La cargada agenda está compuesta por la participación de unos 28 deponentes divididos entre 10 subtemas y problemáticas.
Entre los invitados se encuentran los economistas Gustavo Vélez y Joaquín Villamil.
Además, participará el subdirector ejecutivo de la Junta, Ramón Ruiz; la presidenta de la Asociación de Hoteles y Turismo, Clarissa Jiménez, y el principal oficial ejecutivo de Aerostar Airport Holdings, Agustín Arellano. Igualmente, habrá representación de organizaciones y de instituciones educativas del país.
En el contexto de este encuentro, miembros del Partido Popular Democrático ayer establecieron y le recordaron al gobernador que se considere la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de asignar un trillón de dólares a 10 años para proyectos de infraestructura y Puerto Rico pudiera ser recipiente de unos $14 mil millones.
