Pese a las álgidas críticas al obsceno salario de la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, es muy poco o nada lo que puede hacer el gobernador o funcionarios de la Legislatura para cambiarlo.
La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), que impuso al ente federal, tiene atado de cuerpo completo al Gobierno local para modificar la onerosa compensación de $625 mil al año, más gastos de viaje, hospedaje y otros plus que recibirá Jaresko; por lo que, según entendidos en el tema, el Gobierno solo puede “hablar para las gradas”.
“De acuerdo con la sección 108 de la Ley PROMESA, ni el gobernador ni la Legislatura pueden hacer nada con respecto a la Junta y sus actividades. Es la realidad nos guste o no”, destacó a Metro el abogado John Mudd, reiterando que el Gobierno de Puerto Rico no tiene “absolutamente” ningún poder sobre la Junta de Control Fiscal.
Con él coincide el catedrático en Ciencias Políticas, Ángel Rosa, quien destaca que, en términos jurídicos y técnicos, no existe posibilidad alguna de que el Gobierno pueda impedir la decisión de la Junta de pagarle dicho salario a su recién designada directora ejecutiva.
“Potestad para modificarlo por parte del Gobierno de Puerto Rico no hay y tampoco hay potestad para demandar en los tribunales ningún reclamo sobre ese asunto porque la Ley PROMESA incluye expresamente una prohibición al Gobierno de demandar las determinaciones de la Junta”, sostiene Rosa.
El también analista político asegura que, aunque la Legislatura puede aprobar una ley estableciendo que “no se transferirán fondos más allá de tanta cantidad para el salario de la directora ejecutiva”, dicha medida estaría subordinada a la ley federal que crea la Junta, que, además, estipula que los recursos de operación y gastos de la instrumentalidad federal van a ser cubiertos por el Gobierno de Puerto Rico.
“Aquí se puede ejercer presión pública. Se puede hablar para las gradas, como lo han estado haciendo algunos políticos, pero es un ejercicio futil. Desde el punto de vista de dimensiones jurídicas, el Gobierno de Puerto Rico está maniatado. Tiene que transferir los recursos”, asegura Rosa.
