El Tribunal Supremo (TSPR) ordenó hoy la suspensión inmediata por un término de tres meses del juez municipal Eric Colón Colón.
En una Opinión del más alto tribunal, la mayoría concluyó que Colón Colón violó los cánones 2, 8, 19 y 23 del Código de Ética Judicial, tras conducta exhibida por el juez al publicar una serie de comentarios y fotografías en la red social de Facebook.
La Opinión Mayoritaria, suscrita por la jueza asociada Mildred G. Pabón Charneco, indica que “ello es cónsono con nuestra casuística en materia ético-disciplinaria y es proporcional a las sanciones impuestas en otros contextos similares al caso”.
El juez asociado Luis F. Estrella Martínez emitió una expresión en la que indicó estar conforme con la opinión mayoritaria.
Mientras, la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez emitió una opinión disidente, a la que se unió la jueza presidenta del TSPR, Maite D. Oronoz Rodríguez, por entender que la sanción que procedía era la destitución.
A esos efectos expresaron que la conducta estaba “basada en una evidente actitud ilusoria de superioridad moral e intelectual, que inhabilita al juez Colón Colón a vestir la toga. Son precisamente los más débiles, los que no se pueden expresar con facilidad -bien porque no tienen grados universitarios o porque se sienten intimidados por el proceso mismo- los que necesitan de mayor protección, atención y empatía del juez y del sistema judicial. A estos, a los que nos debemos y juramos proteger, son a los que el juez Colón Colón ha despreciado con su comportamiento”, aseguraron.
El juez asociado Ángel Colón Pérez emitió una opinión disidente por separado, en la que también expresó que procedía la destitución.
Hace dos semanas, el TSPR destituyó fulminantemente al juez Ricardo J. González Porrata-Doria por interferir y tratar de influenciar una testigo de su caso de divorcio y división de bienes gananciales.
El juez González Porrata-Doria le dijo a una testigo, que era su propia secretaria, que si le llamaban a testificar en el álgido caso por cobro de dinero y daños y perjuicios entablado por la esposa María Vázquez Martínez, dijera que la exesposa lo hostigaba mediante repetidas llamadas telefónicas.
La secretaria del juez, Olga Miranda Maisonet, se negó a hacerlo por no ajustarse a la verdad. En algún momento previo, Miranda Maisonet era utilizada por ambos para mantener comunicación pues no se hablaban. La secretaria finalmente les indicó que no seguiría con el rol de mandadera.
La secretaria del tribunal verbalizó la petición ilegal del juez a varios alguaciles y finalmente se supo todo.
