San Juan, 3 abr (INS).- La Cámara de Representantes aprobó que los guardias privados de seguridad sean adiestrados en la Academia de la Policía, lo que generará nuevos ingresos al fisco, y requerirá de esa fuerza de orden ciudadana que tome cursos continuados de educación.
Por otro lado, se derogó que tengan que renovar anualmente su licencia de guardia privado, y ahora lo harán cada dos años.
Las enmiendas a la “Ley de Detectives Privados y Guardias de Seguridad” se produjeron durante la sesión de hoy de la cámara baja para “hacer justicia social” a quienes laboran como detectives privados y guardias de seguridad en Puerto Rico, corrigiendo el estatuto que regula estas profesiones en cuanto a los mandatos relacionados a la renovación de sus licencias.
El Proyecto de la Cámara 258, de la autoría del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, enmienda la Ley Núm. 108 del 29 de junio de 1965, con el propósito de atemperarla a los tiempos, extender el periodo para la renovación de licencias, impartir mayor claridad y transparencia al proceso de expedición de licencias, garantizar mayor protección al interés público, aclarar las circunstancias en que un detective privado o guardia de seguridad es empleado de una agencia, entre otros fines, surge del proyecto.
Se reveló que Según no obstante los cambios introducidos por la Ley 141-2014, la renovación de la licencia necesaria para ejercer estas ocupaciones era un requerimiento anual, lo que era oneroso para esos trabajadores.
Rodríguez Aguiló subrayó que la medida no supone algún impacto fiscal al gobierno y añadió que “le estamos dando a la Policía de Puerto Rico la oportunidad de unos ingresos adicionales al adiestrar a estos profesionales”.
Entre los cambios propuestos en la legislación se encuentra el que la solicitud o renovación de licencia de detective privado o agente de seguridad se realice cada dos años (requiriendo el pago de $20 para agentes de seguridad y de $50 para detectives privados), se faculta al Superintendente de la Policía a requerir que parte de los cursos o adiestramientos sean tomados en la Academia de la Policía y se le autoriza a requerir que estos profesionales reciban cursos de educación continua.
“Una de las enmiendas que sufrió este proyecto dentro de su evaluación tiene que ver con la educación continua porque queremos fortalecer su educación. No los vemos como un ente aparte de la seguridad del Gobierno, todo lo contrario. Si podemos maximizar los recursos que tenemos en este sector privado, podemos fortalecer la prevención, importante para disminuir la criminalidad en Puerto Rico”, indicó el portavoz de la mayoría.
La pieza, además, provee para que los fondos provenientes de la venta de comprobantes electrónicos de rentas internas que fueran cancelados por el Jefe de la Uniformada, ingresen al Fondo General del Tesoro Estatal y al “Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”. Asimismo, se crea un registro público de guardias de seguridad, detectives privados y agencias a los que se les ha revocado la licencia, para que pueda ser revisado por el público y las diversas compañías al momento de reclutar o contratar.
“Con este proyecto de ley, obligamos a que las compañías estén registradas y cumplan con la ley, que no estén por la libre”, afirmó el representante.
