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Demandan al gobierno por violar derechos de ciudadanos transgénero

La demanda contra el gobernador Ricardo Rosselló y otros funcionarios del gobierno alega violación de derechos a las personas transgénero

Lambda Legal demandó al gobierno de Puerto Rico para negarle a los ciudadanos transgénero corregir la designación de sexo en sus certificados de nacimiento.

La demanda, radicada en el Tribunal federal de San Juan, fue radicada a nombre de cuatro puertorriqueños transgénero y la organización Puerto Rico para Tod@s.

Figuran como demandados el gobernador Ricardo Rosselló, el secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado y la directora del Registro Demográfico Wanda Llovet Díaz.

“Puerto Rico prohíbe absolutamente corregir la designación de sexo en un certificado de nacimiento, incluso para aquellas personas cuyo certificado no corresponde con quienes son. Dicha política no tiene justificación racional, legal ni práctica”, indicó Omar González-Pagán, abogado de Lambda Legal, organización que defiende los derechos de la comunidad LGBT y de personas con VIH en Estados Unidos.

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González-Pagán destacó que actualmente el gobierno de Puerto Rico permite a que las personas transgénero corregir la designación de sexo en la licencia de conducir. “La política sobre certificados de nacimiento en Puerto Rico es incongruente con las políticas del gobierno federal, de 46 de los 50 estados y el Distrito de Columbia, y con el sentido común”, sostuvo

La demanda alega que negarle a estas personas transgénero la habilidad de obtener un certificado de nacimiento correcto viola las cláusulas de igual protección y debido proceso de la Constitución de Estados Unidos. Además, la demanda alega que forzar a las personas transgénero a identificarse con el sexo que no son por medio de un certificado de nacimiento es una violación de su derecho de expresión bajo la Primera Enmienda.

“Forzar a personas transgénero a llevar sus vidas con una forma de identificación básica, como el certificado de nacimiento, que es incorrecta, las expone a discrimen, acoso y violencia. Esta política es incorrecta, peligrosa e ilegal”, añadió Gonzalez-Pagan. “Dicha política obliga a las personas transgénero a revelar quiénes son en el trabajo y en público, pone en riesgo su salud mental al prevenir que tengan una vida plena, y los expone a un peligro significativo, como lo demuestra la epidemia de violencia contra mujeres transgénero en Puerto Rico”, añadió.

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