La Oficina de la Contralora y la Oficina de Ética Gubernamental revisan el gasto del municipio de Guaynabo en el manejo de la crisis de opinión pública y al interior de las funciones del ayuntamiento generada por el acuerdo transaccional del alcalde, Héctor O’Neill en una querella de agresión sexual.
Esta semana, la vicealcaldesa Aurializ Lozada convocó un evento en el que defendió al municipio de Guaynabo. Según consta en los registros públicos del Contralor, la empresa Perfect Partners fue contratada por el municipio a razón de $50 mil por tres meses para trabajar en el manejo de la crisis.
La contratación surgió en momentos en que diversas agencias gubernamentales realizan una investigación —a petición del gobernador Ricardo Rosselló— sobre las alegaciones detrás del acuerdo transaccional que hizo el Alcalde.
La presidenta de la compañía de relaciones públicas, Helga García, destacó la cláusula contractual que especifica que su relación laboral es con el municipio y no con el alcalde O’Neill. “No estoy envuelta en el caso del alcalde. No lo estoy, no lo estuve y no lo estaré. Yo soy una profesional que hago un trabajo […] Tengo una especialidad y cuando hay necesidad de una profesional en este campo, pues yo soy considerada y yo decido si acepto o no acepto las ofertas que me llegan”, sostuvo la contratista del municipio en entrevista radial (El Circo de La Mega).
Sin embargo, el subcontralor, Natanael Arroyo Cruz, no descartó que evalúen el contrato en una próxima auditoría del municipio, por lo que actualmente se revisará el contrato.
“Nos llama la atención el contrato por el entorno y el momento en que se otorga. También nos llama la atención que sea un contrato de $50 mil por tres meses en tiempos de crisis fiscal. Hacemos un llamado a la prudencia en el uso de fondos públicos”, manifestó Arroyo Cruz a este diario.
Además, al subcontralor le pareció inusual la necesidad del municipio de recurrir a recursos externos. “Usualmente, hemos observado en las entidades gubernamentales que el manejo de crisis relacionadas con el personal son atendidas por las divisiones de Recursos Humanos o sus programas de ayuda al empleado”, indicó Arroyo Cruz.
Por su parte, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, tampoco descartó que el evento de la vicealcaldesa pueda ser un elemento a evaluar en la investigación del caso de O’Neill.
“No lo puedo descartar”, dijo Rosario, al tiempo que especificó que, como toda investigación está “viva”, cualquier elemento puede ser parte del curso o de posibles nuevas vertientes de la pesquisa.
El gobernador Rosselló se expresó sobre el particular y afirmó que el Departamento de Justicia aún desarrolla una investigación “seria”. También afirmó que las contrataciones para el manejo del asunto en Guaynabo serán evaluadas por los constituyentes del pueblo.
“Todo fondo público tiene que pasar por un proceso de rendición de cuentas y lo que no sea justificable y legítimo tendrá sus consecuencias. Así sea legal y los constituyentes no lo vean con buenos ojos, será decisión de los constituyentes”, expresó el gobernador en rueda de prensa.
El Departamento de Justicia aún no suelta prenda de cuándo revelarán las conclusiones de la investigación.
