El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos, hizo un recuento de los desaciertos de la administración de Ricardo Rosselló, en lo primeros 100 días de gobierno.
El representante señaló que la administración busca esconderse detrás de la Junta de Supervisión Fiscal, para tomar determinaciones que, según denunció, favorecen a los bonistas, a los amigos y políticos derrotados del PNP, y “atentar contra los más vulnerables sacándoles más dinero de su bolsillo”.
Cruz Burgos, aseguró que se crearon 92 impuestos, que “buscan poner sobre los hombros de los trabajadores puertorriqueños la mayor parte de la carga contributiva del país”.
“Si quieren hablar hoy de lo que han hecho en 100 días, tienen que detallar los 92 impuestos que han aprobado, a pesar de que prometieron eliminar los supuestos 90 del pasado cuatrienio. En 100 días se han perdido 15,000 empleos, y a pesar de que anunciaron que crearían 100,000 con las Alianzas Público Privadas, al día de hoy no han aprobado ni una. Lo que si legislaron fue una mal llamada reforma laboral que le quitó empleos a los trabajadores de la empresa privada”, expresó Cruz Burgos.
Precisó que “en la Universidad de Puerto Rico, una de las pocas entidades sólidas y de prestigio en el país, han creado allí un verdadero caos intentando estrangular a nuestra primera institución educativa. Y nos impusieron una doble tributación del CRIM”.
Por otro lado, el representante también censuró el que se le elimine los subsidios a los municipios, lo que provocará la eliminación de servicios o el cobro de estos, un alza en las contribuciones municipales y el despido de empleados públicos en los pueblos.
De igual forma, destacó que a pesar de la crisis fiscal que enfrenta la Isla, “el PNP y Rosselló nos han metido en un proceso de estatus, que además de gastar unos $5 millones, ya un grupo de Senadores Republicanos determinaron que la papeleta diseñada para este plebiscito es inconstitucional”.
Cruz Burgos denunció que la administración Rosselló pretende cerrar 300 escuelas, lo que atentará contra las comunidades más desventajadas.