Ricardo Soto, portavoz de EC Waste informó el miércoles que la empresa ha confirmado su decisión de tomar acción legal contra el municipio de Mayagüez, tras la determinación del alcalde de llegar a un nuevo acuerdo con otro proveedor privado para abordar la crisis de manejo de desperdicios en su ciudad y además hizo un llamado a la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Estamos evaluando varios remedios considerando que ha habido un incumplimiento de contrato, una deuda de varios millones que no ha sido pagada e interferencia culposa de un tercero en este proceso”, explicó Soto en declaraciones escritas.
Soto añadió que la compañía también suspenderá todos sus servicios en el municipio.
“El plan del alcalde para atender esta crisis solo demuestra su gasto imprudente del dinero de los contribuyentes de Mayagüez. Resulta extremadamente sospechoso que después que la administración municipal alegó no tener liquidez para pagar por servicios que ya fueron prestados, y después de declarar un estado de emergencia fiscal, entren ahora en nuevos contratos que comprometen la capacidad fiscal del Municipio. Los ciudadanos de Mayagüez tienen que cuestionarse cómo el Alcalde pagará por los servicios del nuevo proveedor si no hay fondos para pagar al proveedor existente”, expresó.
Soto alegó que durante todo este tiempo, EC Waste ha estado en disposición de colaborar de buena fe con el Municipio para reanudar sus servicios, si la administración municipal presentaba y se comprometía con un plan sostenible para cumplir con el pago de la deuda acumulada por servicios rendidos desde Octubre de 2016.
“EC Waste reafirma su llamado al Gobernador Ricardo Rosselló y a las autoridades fiscales de Puerto Rico, incluyendo la Junta de Supervisión y Control Fiscal y su presidente José Carrión, para que presten atención inmediata a este asunto y garanticen que el dinero de los contribuyentes sea administrado responsablemente. No tomar acción tendrá un impacto negativo en la economía y en el camino de Puerto Rico hacia la recuperación y el crecimiento. En vez de continuar financiando partidos y eventos políticos y otros asuntos no esenciales, el gobierno a todos los niveles debe hacer de este tema una prioridad para asegurar que las obligaciones se cumplan conforme a la ley” indicó el portavoz.
