El gobernador Ricardo Rosselló Nevares nominó hoy al exsuperintendente de la Policía, Héctor Pesquera, al cargo de secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Junto a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez; la jefa de la Policía, Michelle Hernández de Fraley; el secretario de la gobernación, William Villafañe; el secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario Cortés; y otros jefes de las agencias que formarán el DSP, Rosselló hizo el anuncio en una conferencia de prensa en La Fortaleza.
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“La experiencia de Pesquera lo hacen el candidato idóneo para dirigir los esfuerzos del nuevo Departamento de Seguridad Pública. Gracias a Pesquera por una vez más ponerse en la disposición del servicio público en Puerto Rico. Nos encargamos de buscar el mejor talento posible para coordinar el esfuerzo de nuestras agencias de seguridad y respuesta rápida”, afirmó el primer mandatario en declaraciones escritas.
Pesquera estuvo a cargo de la Uniformada desde marzo del 2012 a noviembre de 2013 y fue agente del Negociado de Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), donde trabajó en las divisiones de crimen organizado, contrainteligencia y asuntos de terrorismo.
El DSP está compuesto por la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Ciencias Forenses, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Sistema de Emergencias 911 y el Sistema de Investigaciones Especiales.
El gobernador anunció que el funcionamiento del DSP se dará luego de 180 días de estructuración, y sobre el contrato de Pesquera adelantó que están “finiquitando” los detalles.
Durante el día de ayer, Rosselló Nevares se dirigió al país en un breve mensaje que ponía en boca de todos el Paro Nacional que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR), sindicatos, grupos y movimientos del país convocaron para el próximo lunes, 1 de mayo.
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El mensaje continúa siendo criticado por ser uno de “amenazas” y “ataques” a los manifestantes, aunque el primer mandatario recalcó que la libertad de expresión se respetará en las movilizaciones.
Asimismo, ayer la Junta de Control Fiscal (JCF) certificó varios planes fiscales de corporaciones públicas. Entre estos, el del Banco Gubernamental de Fomento —que será eliminado— el de la Autoridad de Carreteras (ACT) —aprobado con la condición de que se realicen enmiendas en un periodo de 30 días— y el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) —uno de los controversiales— que se pasó con enmiendas a que haya un aumento gradual en la tarifa del agua comenzando en 2018, con el propósito de no hacer aumentos grandes a la vez.
Igualmente, el ente federal favoreció la creación de una Alianza Público Privada (APP) o la privatización completa de la generación de energía cuando trató el documento de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Durante su discusión pidió que se revisaran las fuentes alternas de combustible, y otorgó 60 días para que la corporación revisara, junto a la Comisión de Energía, la tarifa de luz para poder reducirla 21 centavos por kilovatio hasta el año 2023.
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