La comisionada residente, Jenniffer González Colón, impulsó el lunes una medida para promover una mayor protección a los inversionistas en la isla al consumir su turno en el Hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal en apoyo del U.S. Territories Investor Protection Act (HR 1366).
“La Ley de Protección de Inversionistas de los Territorios Estadounidenses cerrará una laguna de la ley actual. Al aprobarse este proyecto de ley, el Congreso dará a los inversionistas de Puerto Rico la misma protección que disfrutan los inversionistas que residen en los cincuenta estados. La votación de hoy sobre el HR 1366 ayudará a poner fin a este abuso de inversión indignante y dará al Congreso otra oportunidad para alinear las leyes que rigen Puerto Rico y los demás territorios con las leyes que rigen los cincuenta estados”, sostuvo González Colón en declaraciones escritas.
Este proyecto, de la autoría de la Congresista Nydia Velázquez y del cual González Colón es coautora, cuenta con gran apoyo bipartita y fue aprobado unánimemente en la Comisión de Servicios Financieros el pasado mes de marzo, explicó.
La medida, que se anticipa se convierta en ley más tarde este año, daría el mismo trato a los inversionistas en Puerto Rico que reciben los inversionistas en los 50 estados. Luego del turno en el Hemiciclo de la Comisionada Residente, la Cámara le dio el visto bueno a la medida.
En la actualidad, los fondos de inversión en Puerto Rico están exentos del Acta de Compañías de Inversión of 1940, por lo que los inversionistas en la isla no reciben las mismas protecciones que los inversionistas en los estados, añadió.
“Debido a esta exención, las compañías de inversión localizadas en los territorios de los Estados Unidos pueden vender sus productos a los residentes del territorio, sin someterse a los requisitos de supervisión y conflicto de intereses que rigen las compañías de inversión ubicadas en los estados”, manifestó.
“Como resultado, los inversionistas residentes en Puerto Rico y en los otros territorios han experimentado pérdidas de inversión, algunas de las cuales, probablemente, hubieran sido prohibidas si la Ley de 1940 se aplicara a los territorios”, formuló.
Brindó como ejemplo a la compañía UBS, que sirvió como asesor del Sistema de Retiro de Empleados de Puerto Rico y en 2008 lideró la suscripción de una emisión de bonos de 2,900 millones de dólares para la agencia.
“UBS colocó entonces 1,700 millones de dólares de esos bonos en fondos de inversión gestionados por UBS que luego UBS vendía exclusivamente a los clientes de la isla. Esta inversión habría sido prohibida por la Ley de Sociedades de Inversión, si estos fondos UBS fueron vendidos en los estados”, contó.
“Los inversores puertorriqueños que poseen estos bonos han sufrido pérdidas masivas y afirman que UBS no reveló adecuadamente los riesgos de estos de esta inversión”, aseguró.
Añadió que en la isla cientos de estos clientes han presentado demandas de arbitraje ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority) y buscan más de 1,100 millones de dólares en daños y perjuicios.
“UBS sigue perdiendo estos casos por no cumplir con sus responsabilidades fiduciarias. La votación de hoy sobre el HR 1366 ayudará a poner fin a este abuso de inversión indignante y dará al Congreso otra oportunidad para alinear las leyes que rigen a Puerto Rico y los demás territorios con las leyes que rigen a los cincuenta estados”, sentenció.
“El HR 1366 eliminará la exención de territorios y hará que la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 se aplique a las empresas que se encuentren organizadas y vendan a los residentes de los territorios”, concluyó.
