A protestar varias comunidades ante cierre de sus escuelas

La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, anunció hoy que varias comunidades escolares se manifestarán el lunes, ante el inminente cierre de 180 escuelas para el próximo año, parte de un plan del Gobierno para generar ahorros millonarios. Martínez Padilla explicó, en un comunicado de prensa, que las protestas son para exigirle al Departamento de Educación que revoque su determinación anunciada oficialmente el viernes pasado por la caída en el número de estudiantes y la difícil situación financiera por la que atraviesa el Gobierno de la isla caribeña La representante de los educadores detalló que los padres de los alumnos de la Escuela John F. Kennedy en Toa Baja (norte) tomaron la determinación de paralizar las clases a partir del lunes hasta que el Departamento de Educación garantice que la escuela no se cerrará. Martínez Padilla agregó que los padres de la Escuela Josefina Barceló y la Escuela Rafael Martínez Nadal, ambas en Bayamón, municipio aledaño a San Juan, paralizarán sus planteles en protesta por la decisión del Gobierno. “Las comunidades están coordinando entre ellas para ejercer presión y lograr salvar sus escuelas de estos inmerecidos cierres. Los padres y madres rechazan que se trate a sus niños como números y que se pretenda solventar la crisis del país a costa de la educación y el futuro de sus hijos e hijas”, afirmó Martínez Padilla. La líder de la FMPR criticó además la amenaza de cierre contra la Escuela Pedro López Canino de Dorado (norte), la cual cuenta con cuatro salones de educación especial a tiempo completo (dos de autismo, uno de vida independiente y uno no categorizado). Sin embargo, según Martínez Padilla, a la escuela que el Departamento de Educación pretende mover a estos estudiantes “no tienen facilidades disponibles, aire acondicionado, ni los equipos para recibir a esta población estudiantil”. La FMPR rechazó además el retiro de fondos -300 millones de dólares- a la educación pública y los niños “para pagarle la deuda a los fondos buitres”. “La educación es un servicio fundamental y no debe estar a merced de los apetitos de los bonistas. Los ciudadanos ya hemos aportado demasiado. Es momento de que los bancos, los desarrolladores y las empresas foráneas que provocaron la crisis contribuyan”, enfatizó. La caída en el número de estudiantes y la difícil situación financiera por la que atraviesa el Gobierno de la isla caribeña contribuyó al cierre de las escuelas, iniciativa criticada por asociaciones de docentes. El cierre supondrá el traslado de cerca de 27.000 alumnos y afectará a cientos de maestros, medida que el Departamento de Educación espera que genere unos ahorros de unos 7 millones de dólares solo en el pago de los servicios de energía y agua potable. La secretaria de Educación, Julia Keleher, dijo el viernes pasado que el cierre de escuelas deja operativos un total de 1.113 centros para los estudiantes de la isla caribeña a partir del próximo mes de agosto.