“Todas las opciones están abiertas en este momento”. Así se expresó el abogado Enrique Figueroa, representante legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR), luego de que ayer el Tribunal de San Juan declarara en desacato a la administración del primer centro docente del país por no gestionar el cese de la huelga estudiantil en el Recinto de Río Piedras.
Aunque descartó enfáticamente el uso de la Policía para abrir los portones, el letrado evaluará pedir una reconsideración ante el Tribunal Apelativo y continuar con un proceso de mediación entre la UPR y los sectores académicos que apoyan el cese de operaciones del campus.
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La UPR tiene hasta el 20 de mayo para solicitar una reconsideración sobre el fallo de instancia.
De acuerdo con una orden del Tribunal Apelativo, se supone que la UPR abriera sus portones y continuara con el calendario académico el pasado 11 de mayo a más tardar las seis de la mañana.
La decisión surgió luego de que los estudiantes Anamar Menéndez, Rosaima Rivera, Carlos Vicente, Edwin Rivera y Gabriela Firpi reclamaran el 5 de mayo ante los tribunales mediante una demanda el libre acceso al recinto.
La orden de desacato emitida por la jueza Lauracelis Roques a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y a la rectora del Río Piedras, Carmen Rivera Vega, les costará a las arcas de la universidad $5,000, que tienen que pagar hoy, y $1,000 diarios hasta que cese la huelga.
Pedro Rodríguez, abogado de los demandantes, dijo que la Universidad no ha utilizado todos los métodos para cumplir con el mandamus. Aunque, insistió, ellos no desean que se utilice la violencia.
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Como opciones posibles que puede tomar la UPR, destacó el letrado, están “traer en un pleito a las personas que justifiquen están en los portones, sanciones administrativas contra estudiantes, profesores y empleados”.
Durante la vista, la defensa presentó una moción al ministerio público en la que desglosó los trabajos llevados a cabo por la administración para reabrir los portones. Entre los aspectos incluidos en el documento hay datos sobre reuniones y el proceso de mediación establecido por la universidad para cumplir con la orden judicial.
Sin embargo, para la jueza Roques Arroyo, la mediación no es una estrategia “suficiente” para cumplir con el mandamus del Tribunal Apelativo.
Por su parte, Fernández lamentó ayer la determinación del Tribunal de Instancia en declaraciones escritas. Asimismo, hizo un llamado al gobernador y a la Junta de Control Fiscal a reconsiderar los recortes de $512 millones que han propuesto para el presupuesto universitario, detonante de la huelga estudiantil que comenzó el 6 de abril.
“Estamos convencidos de que el impacto [de los recortes] no tendrá otro efecto que reducir las posibilidades de progreso de miles de jóvenes talentosos y esperanzados en un mejor porvenir”, afirmó Fernández.
Sigue pulseo por abrir portones
Igualmente, hoy un grupo de docentes del Recinto de Río Piedras que defienden el restablecimiento de las labores académicas se manifestará frente al campus riopedrense desde las 8 de la mañana.
Mientras, en la UPR en Arecibo los estudiantes rechazaron continuar con la huelga en su unidad 645 a favor de abrir los portones y 471 en contra.
