La licenciada María Milagros Charbonier Laureano, representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), enfrenta una querella ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico por alegadas violaciones a la Ley Notarial de Puerto Rico y al Código de Ética Profesional.
Exactamente, la Procuradora General de Puerto Rico formuló 12 cargos en contra de Charbonier por supuestamente infringir los artículos 2, 11, 12, 56, 58, 59 y 60 de la Ley Notarial, además del artículo 1232 del Código Civil de Puerto Rico. Respecto al Código de Ética, se señalan violaciones a los cánones 18, 35 y 38.
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La licenciada presentó —a través de su defensa— una moción de desestimación el pasado 31 de marzo de 2017, aunque el Tribunal la declaró no ha lugar. En su lugar, fue designada al caso una comisionada especial que señaló una vista para el 27 de junio de 2017.
“Eso es una situación del año 1999, para empezar. No tiene que ver nada con mi gestión legislativa”, señaló la representante en entrevista con Metro.
“A pesar de que la Procuradora hizo esa radicación, se trata de una falsificación de una firma. Voy a ceñirme a los cánones de ética y no voy a hablar de la situación del contenido de la querella, porque yo estoy convencida de que vamos a prevalecer cuando esto la examinadora lo vea”, expresó Charbonier, quien preside la Comisión de lo Jurídico en la Cámara baja.
La raíz de la querella va atada a un supuesto “contrato de opción de compraventa”, sobre el cual —según la querella— la Oficina de Inspección de Notarías (ODIN) indicó que existen contradicciones, “ya que en el inicio del proceso la licenciada Charbonier Laureano admitió que lo redactó, lo juramentó y asesoró a las partes contratantes del mismo”, aunque luego indicó que “nunca” juramentó el documento y que, además, se falsificó su firma y sello.
Apunta a motivaciones políticas
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En su defensa, la licenciada apuntó a motivaciones políticas la razón por la cual la parte querellante somete el recurso legal en contra de la representante del PNP.
“Vamos a decir ‘política’, porque yo no veo razón. De eso no se obtiene absolutamente nada, solamente dañar la imagen de alguien. Eso es todo”, señaló Charbonier.
El documento presentado ante el Tribunal Supremo fue radicado el 23 de diciembre de 2016.
Charbonier alega, además, que la querellante tiene historial de casos por fraude y daños y que “ha pretendido burlarse siempre de los tribunales y de las personas”.
“Para no pecar de entrar en los detalles, la persona que pone la querella no es mi cliente y solamente hay que entrar el nombre de ella en la Administración de Tribunales y de ahí sacas toda la información de la persona. Hay un fraude, hay una demanda de daños radicada contra esa persona en innumerables casos que tienen que ver con la vida de esa persona, y yo, pues, cuando llegue el día, llevaré toda la prueba al Tribunal y sé que vamos a prevalecer”, dijo la representante.
Desde sanciones hasta revocación de licencias
Las sanciones contra un licenciado o licenciada dependen de la gravedad de los hechos y de las violaciones. Cuando se presenta una querella contra un licenciado o licenciada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, dicho tribunal tiene facultad para emitir sanciones, desde amonestaciones hasta la revocación de su licencia como notario o abogado.
En términos generales, siempre que hay una querella ante el Tribunal Supremo, “el Tribunal puede o bien sancionarla o sancionarlo como notario, o bien suspenderla o suspenderlo del ejercicio del notariado por un tiempo o indefinidamente, y también podría sancionarla o sancionarlo en su carácter de abogado, desde una amonestación hasta la revocación de la licencia, también por un tiempo fijo o indefinido”, explicó el licenciado Efrén Rivera Ramos, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
