Por el momento, destacó el profesor y analista Ángel Rosa, la huelga de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es un túnel sin salida. Tras un día plagado de renuncias en la alta cúpula del primer centro docente del país, el catedrático de Ciencias Políticas del Recinto de Mayagüez no prevé un fin del conflicto en las próximas semanas.
Y es que ayer, martes, Nivia Fernández renunció a su puesto de presidenta interina de la UPR, así como Frank Catalá, Carlos del Río (vicepresidente) y Carlos Pérez (presidente) a sus sillas en la Junta de Gobierno (JG) de la institución, dejando este cuerpo rector sin cuórum e imposibilitado de tomar decisiones.
“Hasta que el gobernador no nombre y el Senado confirme a los miembros de la JG no se puede designar a una persona a la presidencia, y eso —en mi opinión— creará unas semanas más de prolongación”, afirmó.
De acuerdo con Rosa, si la administración de Ricardo Rosselló cumple con las reglas de la Asamblea Legislativa para considerar los nombramientos del ejecutivo, esto puede tomar días, en tanto se analicen las personas nominadas.
Ayer Rosselló escogió a los abogados Walter Alomar y Zoraida Buxo a ocupar dos sillas en la JG de la UPR.
Después de ser ratificados por la Cámara alta, explicó Rosa, la JG debe constituirse. Es decir, elegir a un presidente y un vicepresidente, y entonces nombrar al nuevo líder interino de la UPR.
Rosa, quien en múltiples ocasiones ha denunciado que el plan de Rosselló ha sido dejar a su suerte a la Universidad, sostuvo que ahora “cambia el panorama” para el Estado.
“El Gobierno no puede escudarse en que ellos no pueden tocar la autonomía universitaria. Corresponde al gobernador nominar a la JG y será su responsabilidad las decisiones de esta, ya sea traer la Policía [para acabar la huelga]”, agregó.
Las renuncias del liderato de la UPR se dan luego de que la jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, el pasado lunes le dio a la administración universitaria 26 horas para acabar con la huelga estudiantil.
De no cumplir con esta orden, Fernández, en su calidad de presidenta interina, podía ser arrestada hasta por seis meses. Al renunciar a su cargo, la ahora expresidenta fue excusada de cumplir con el mandamus.
No obstante, la Universidad continúa pagando una multa de $1,000 dólares diarios por violar una orden del Tribunal Apelativo que le solicitó restablecer las labores académicas el pasado 11 de mayo. El monto pagado hasta el momento, dijo ayer Roques, asciende a $11,000.
Se rompe el diálogo en la comunidad académica
Asimismo, antes de hacerse públicas las renuncias, la Junta de Gobierno canceló las negociaciones con las sectores académicos que mantienen clausurados varios recintos de la UPR. Este acto fue calificado por Rosa de una prueba más de que se prolongará la apertura de los portones.
Precisamente, Buxo, una de las nominadas de Rosselló a la JG, dijo ayer en una entrevista radial que está dispuesta a continuar el diálogo con quienes apoyan la huelga.
“Quiero —con el grupo de personas— formar una solución a esta crisis”, sostuvo.
Superintendente tiene que ir al Tribunal
Por su parte, la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, tiene cinco días para explicarle al Tribunal de San Juan por qué la Uniformada no debe entrar al campus riopedrense a terminar con la huelga.
El pasado 17 de abril, Fernández le solicitó a la superintendente apoyo para abrir los portones de Río Piedras y cumplir con la orden del Apelativo. Hernández se negó aludiendo a la autonomía universitaria.
