Una medida que autoriza la venta de instituciones hospitalarias, aprobada ayer por la mayoría en el Senado, podría poner en precario los servicios de salud que reciben los puertorriqueños.
Así lo expusieron varios senadores que votaron en contra de la medida discutida ayer en la Cámara alta y aprobada 17 a 8 con el voto de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).
Según el senador José Vargas Vidot, quien habló en su turno desde la perspectiva salubrista, el proyecto provocará que la privatización de hospitales perjudique a quienes solo pueden recibir servicios de la instituciones públicas de salud. Señaló que la venta de hospitales “es como si decidiéramos entre me mato o me muero”.
Más temprano, los senadores Eduardo Bhatia, Cirilo Tirado y Miguel Pereira denunciaron que el Proyecto del Senado 353 representa la venta fast track de las instituciones. “Vender las instalaciones públicas del Estado a precio de pescado abombado lo que hará es afectar la posibilidad de que, en caso de que una de estas entidades decida irse de Puerto Rico, el Estado no va a tener un lugar equipado para poder ofrecer los servicios médicos que se necesitan”, dijo Bhatia en conferencia de prensa sobre la pieza legislativa que autoriza la venta, cesión y administración de las instalaciones de servicios de salud del Estado a corporaciones especializadas. Así, brindar tales servicios siempre que las mismas tengan 10 años o más ofreciendo servicios de salud en Puerto Rico y que hayan demostrado su capacidad financiera y administrativa.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado añadió que la venta de instalaciones públicas de salud “pone en un riesgo enorme la prestación de servicios cuando haya la necesidad”.
Entretanto, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la medida que fue respaldada, según dijo, por alcaldes del PPD, en particular el de Yabucoa, el de Trujillo Alto y el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, mediante un memorial explicativo el 15 de mayo.
Sin embargo, Bhatia detalló que “hay algunos municipios que son dueños de CDT que llamaron al presidente sobre estas medidas, pero eso no es lo que hace esta medida; esta medida habla de todas las instalaciones médicas, incluyendo las del Gobierno”.
Por su parte, el senador Juan Dalmau denunció que el proyecto pone en manos del Estado la venta de activos, pero esta quedó en manos de la jueza Taylor Swain en el caso de quiebra. “Se van a vender de dos maneras: o por determinación del juez federal, o porque a través de esta legislación lo van a vender”, criticó.
Por su parte, el jefe de Salud, Rodríguez Mercado, señaló que el proyecto requiere un profundo análisis y señaló que el gobernador Ricardo Rosselló podría revisar la medida y devolverla con enmiendas. “Merece un análisis bien serio esa medida, porque tampoco queremos, en una economía tambaleante como la de nosotros… Cualquier cambio que se haga en salud hay que estudiar bien su impacto”, dijo en expresiones tomadas por Foro Noticioso, antes de la aprobación de la pieza legislativa.
Mientras, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, favoreció la legislación, al destacar que los centros que estarían en vías de privatización son los que necesitan una gran inversión que el Gobierno no puede hacer.
“La realidad es que estamos hablando de que a Salud le quedan 13 CDT, los más destartalados, y el Gobierno no tiene dinero para invertir en la infraestructura que necesitan”, dijo Ramos, al tiempo que añadió que no se está hablando de vender el Centro Médico, “que dudo mucho aparezca un comprador porque su operación no es costo-efectiva”.
El proyecto pasa ahora a ser discutido en la Cámara.
