La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, presentó un presupuesto para el año fiscal 2017-2018 menor en 34.1 millones de dólares respecto del que operó el año pasado, pese a lo cual afirmó que no habrá necesidad de aumentar impuestos municipales ni despedir empleados o reducir la jornada laboral.
El presupuesto consolidado para el año fiscal 2017-2018 es de 638.9 millones de dólares: 447.7 millones (70%) de Fondos Ordinarios, 107.7 millones (17%) de Fondos Federales y 83.4 millones (13%) de Otros Fondos
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Cruz Soto afirmó que el 83% de los ingresos municipales son generados propiamente por el municipio y que el presupuesto presentado hoy “es 102.6 millones menos que el presupuesto que heredamos cuando entramos al municipio de San Juan, en el 2013”.
Además, aseguró que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) “nos debe 63.7 millones de dólares por exceso del exceso de Contribución Adicional Especial (CAE) y 126.2 millones por otros conceptos. Estamos hablando de 189.9 millones de la gente de San Juan que el BGF tiene secuestrados. Y eso simple y sencillamente no se puede permitir”.
Al respecto, anunció que así como hace varias semanas informó que había retenido los servicios de la firma legal Chadbourne & Parke “para que nos orientara y guiara en el proceso de recuperar el dinero que por ley nos corresponde (…) ahora hemos enmendado dicho contrato para incluir la preparación de una demanda ante los foros pertinentes para recuperar esos 189.9 millones”.
Además, solicitó a los representantes y senadores por San Juan “que seamos capaces de dejar a un lado las divisiones político partidistas y nos unamos en este reclamo de justicia para todos”.
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“Después de todo, estamos hablando de servicios para nuestra gente. Y nuestra gente no son estadistas, soberanistas, estadolibristas, independentistas o no afiliados. La gente es simplemente gente y merece que su dinero sea usado para lo que necesita”, afirmó la alcaldesa.
Más adelante precisó que “ya e el cuatrienio pasado comenzó mi oposición a la junta de supervisión fiscal, pues era evidente que no venían a ayudar, sino a cobrar. Y una lectura rápida de la Ley Promesa dejaba claramente establecido que los municipios iban a recibir un golpe duro”.
Recordó que cuando la Junta aprobó la política pública del gobernador Rosselló, entre esa política pública estaba la eliminación de 350 millones de dólares de los mal llamados subsidios municipales y 76 millones adicionales para un total de 426 menos de ingresos en los próximos dos años a los 78 municipios.
“Este año eso significa que San Juan dejará de recibir 21 millones de los mal llamados subsidios. Y digo mal llamados, porque en realidad esos son ingresos que otras administraciones le quitaron a los municipios y, para subsanar el golpe, les devolvieron un poquito. Es como si usted se gana un dólar, le quitan ese dólar y le devuelvan 25 centavos. Y después le dicen que lo están ayudando”.
Añadió que “mientras el BGF y el gobierno central le quitan a la gente de San Juan lo que le corresponde, el municipio asume responsabilidades que le corresponden al gobierno central: limpieza de áreas verdes en carreteras y avenidas estatales, limpieza y mantenimiento de puentes del gobierno central, la adopción de 28 escuelas del Departamento de Educación Pública para poco a poco transformar sus estructuras físicas y proveerles ayuda en general”.
“Esto sin contar los 64 millones que paga el municipio anualmente a la Tarjeta de Salud. Los 78 municipios pagan 168 millones a la Tarjeta de Salud y de ese dinero, nosotros pagamos 64 millones, el 38% teniendo el 10% de la población”, aseveró.
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De esta manera, resumió: “Ellos nos quitan, nos retienen o no nos dan acceso a 219.9 millones, pero el municipio aporta sobre 70 millones al gobierno central. Así cualquiera…”.
Pese a los 219.9 millones menos para San Juan “hemos preparado este presupuesto balanceado. Y claro, hemos tenido que tomar medidas para mantener servicios esenciales, para hacerles justicia a nuestros empleados y para continuar dando servicios de excelencia a residentes y visitantes. Después de todo, San Juan es Puerto Rico y Puerto Rico es San Juan”.
En cuanto a las medidas que se trabajarán, mencionó el cobro de recogido y disposición de basura a los comercios según su volumen de negocio; venta de cuentas del CRIM; cobro a la AEE por espacios de servidumbre, arbitrios de construcción, patente y servidumbre; amnistía al pago del IVU municipal; y venta y arrendamiento de propiedades municipales.
Informó que se han identificado bienes inmuebles propiedad del municipio que actualmente no están en uso y aun así requieren de mantenimiento y conservación. Esta medida reduce costos de operación y genera ingresos a las arcas municipales que a su vez serán invertidos en bienes y servicios para la ciudadanía.
Además, se espera implementar la venta de reciclaje de vidrio; cobrar por el servicio de vaciado de pozos sépticos en propiedades comerciales o residenciales que se utilicen para arrendamiento; cobrar por el recogido y disposición de material vegetativo, escombros, chatarra que no puede ser recolectado mediante el servicio regular de desperdicios.
También la ordenanza 13, serie 2016-17 autoriza la celebración de un proceso de subastas pública sobre el arrendamiento de mobiliario urbano (“Bilboards”) dedicado a la publicidad.
En cuanto a los empleados municipales, Cruz Soto adelantó que en la próxima negociación colectiva, la propuesta inicial del municipio incluirá cero reducciones en la jornada laboral de los empleados, cero reducción en la aportación patronal del plan médico; el pago del bono para la compra de uniformes en su totalidad.
Además, pago del “enfermito 2017 en o antes del 31 de diciembre: la mitad el 15 de julio y la otra mitad el 15 de diciembre. El Bono de Verano y de Navidad de 400 y 700 dólares, respectivamente.
