A raíz de las declaraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, donde alega que el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) ha secuestrado $189.9 millones de su municipio, el licenciado Christian Sobrino Vega, presidente de la institución, desmintió a Cruz Soto y alegó que la información no solamente es incorrecta, también es imposible.
Según Sobrino Vega, es el Municipio de San Juan quien le debe al BGF aproximadamente $414.6 millones en préstamos, de los cuales $83 millones no fueron desembolsados y dicho desembolso no es posible dada la precaria líquidez e inoperación bancaria de la institución. De igual forma, explicó que la liquidez del BGF actualmente ronda entre los $150 – $160 millones en efectivo, cantidad mucho menor a la que se alega ha sido secuestrada por el BGF.
“El BGF no adeuda $189.9 millones al Municipio de San Juan, sino aproximadamente un saldo $60 millones que la pasada administración no protegió. La actual gerencia ha provisto un mecanismo de recobro que confiamos podrá beneficiar al Municipio de San Juan una vez implementado”, indicó mediantes declaraciones escritas.
No obstante, el presidente explicó que el Plan Fiscal del BGF, certificado por la Junta de Supervisión Fiscal, provee para la reducción de la deuda del Municipio de San Juan por dichos $83 millones para un nuevo total de $331.6 millones. “Considerando que la alcaldesa indica contar con un presupuesto que no toma en consideración dicho desembolso, esta reducción de deuda representa millones de dólares en ahorro de intereses futuros para el Municipio de San Juan”, añadió.
Sin embargo, en relación a los fondos de Contribución Adicional Especial (CAE), Sobrino recordó que no son custodios de ellos desde que fueron transferidos a la banca comercial y que por tanto, no tienen tampoco la capacidad de secuestrarlos. “Los récords más recientes del BGF indican que el Municipio de San Juan contaba con aproximadamente $60 millones por concepto de depósitos que la pasada administración no salvaguardó y que hoy no se encuentran disponibles dado el estado en que se nos entregó el BGF”, expresó.
“Nos sorprende de sobremanera que se utilice una comunicación no autorizada de una empleada del BGF para justificar una supuesta deuda futura. Como se ha indicado en numerosas ocasiones, la única oficina autorizada para emitir certificaciones es la oficina del Presidente del BGF. Además, tanto la alcaldesa como sus consultores cuentan con todos los elementos de juicio para comprender como la información en dicha misiva no autorizada es incorrecta”, puntualizó.
