Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), denunció que ayer, en horas de la madrugada, cientos de maestros recibieron notificaciones del Departamento de Educación declarándolos excedentes.
“Como ladrón en la noche y mostrando un alto grado de insensibilidad, el Departamento esperó que los maestros culminaran su jornada laboral para luego sorprenderlos con una comunicación electrónica, anunciándoles que son ‘recursos disponibles’”, acusó la dirigente.
La declaración de maestros excedentes es producto principalmente de un cierre masivo de escuelas que la organización magisterial y decenas de comunidades escolares han calificado de “atropellado y ajeno a los intereses de los niños”.
“Con este procedimiento se violenta el derecho de los educadores a ser notificados de los detalles de cuándo serán citados a la región educativa para recibir el ofrecimiento de las plazas por sus categorías en estricto orden de antigüedad”, explicó Martínez Padilla.
La Federación cuestionó que se inicie este proceso de declaración masiva de maestros excedentes a solo días del miércoles 24 de mayo, cuando se celebró una vista pública por parte de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes, cuerpo que investiga el cierre de escuelas. A la misma, la secretaria de Educación, Julia Keleher, fue convocada y no compareció.
La Resolución de la Cámara 307 autoriza a la comisión a realizar una investigación sobre el posible cierre de escuelas públicas, a los fines de determinar los parámetros y estudios llevados a cabo para identificar y seleccionar cada una de las escuelas; analizar el impacto en la comunidad, identificar alternativas; y para otros fines relacionados.
“Decenas de padres, madres y organizaciones magisteriales fuimos a reclamar que se escuchen los reclamos de las comunidades escolares contra el cierre de sus planteles. Fuimos a exigir que las reconsideraciones de los cierres sean atendidos con la responsabilidad que el Departamento de Educación y la secretaria Keleher no han tenido”, señaló la dirigente magisterial.
Agregó que numerosas comunidades han solicitado reconsideración a la determinación de cierre, se han reunido con legisladores, han enviado propuestas y ponencias en la esperanza de salvar las escuelas de sus hijos y evitar que se trasladen a sus maestros.
“Iniciar el desmantelamiento de las escuelas con la declaratoria de excedentes no sólo es una falta de respeto a esas comunidades, sino una burla a la investigación que inició la Cámara de Representantes y que no ha concluido”, añadió.
La sindicalista entiende que “la declaración de excedentes anunciada este sábado, que es parte del cierre masivo de escuelas, socaba los derechos laborales de los docentes y el derecho de los estudiantes a una educación de calidad y accesible. Busca debilitar la educación pública y abrirle espacio a los privatizadores para que la conviertan en un negocio con fines de lucro”.
Educamos reacciona
La organización magisterial Educadores por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical (Educamos) señaló que la secretaria de Educación, Julia Keleher, “violenta sus propias normas” al declarar excedentes a cientos de maestros este fin de semana en una comunicación electrónica.
Por intermedio de su presidenta, Eva Ayala Reyes, Educamos indica que la acción “violenta todos los procesos. Si alguno no está de acuerdo, sólo tiene tres días para objetarlo. Así premia la contratista Julia Keleher la labor y el sacrificio del magisterio”.
“Nos preguntamos para qué fueron las vistas legislativas del miércoles 24, si ya todas las decisiones estaban tomadas. Hicieron creer a miles de padres que la legislatura tomaría cartas en este asunto”, añadió la educadora.
Y recordó que “muchos hicieron un gran esfuerzo para acudir a las vistas y evidenciar sus querellas contra el proceso seguido por la secretaria, presentaron evidencia de que la escuela no podía ser eliminada y, a los dos días, de forma vengativa e insensible, se nos hace saber que todo está consumado”.
Agregó que la secretaria “violenta sus propias normas, pues se supone que los compañeros afectados serían citados formalmente a cada región para hacerles los ofrecimientos correspondientes. Dicho proceso tiene que respetar el derecho de antigüedad y el procedimiento de escuelas receptoras”.
Para Educamos, “esto tendrá como resultado que muchos maestros transitorios no conseguirán trabajo”.
