El gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Nevares, catalogó como “absurdo” el que el Departamento de Justicia Federal invalide el resultado del plebiscito de estatus del próximo domingo, 11 de junio.
“Nunca eso se ha plasmado en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos para ningún otro proceso. Estamos hablando de que ya nosotros en Puerto Rico llevamos cuatro procesos. Hicimos este proceso, donde se acogieron las recomendaciones del Departamento de Justicia. Pero nosotros establecimos como compromiso que no íbamos a esperar, que este problema era muy grande y que es suficiente ya tener todas las alternativas en la papeleta, para que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico puedan tomar una determinación. En la democracia, eso es más que suficiente. Nosotros el día después vamos a estar exigiendo que se hagan valer estos resultados, que se tomen los pasos afirmativos y que podamos comenzar la transición en el país”, apuntó Rosselló Nevares a la prensa en cierre de la campaña por la estadidad.
Según Rosselló Nevares los líderes políticos que han pedido un boicot al plebiscito es porque saben que la ideología que defienden no cuentan con el apoyo del pueblo. De hecho, argumentó que en el 2012 estos participaron en el plebiscito, que tenía las mismas definiciones que en la actual consulta.
“El elemento de participación no se mide en términos de si alguien decidió quedarse en la casa. Se da a base de los que fueron a votar y escogieron determinar el futuro en una elección. Todos los procesos democráticos no se cuentan las papeletas en blancos, se cuentan los que escogieron el líder”, determinó la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
De otro lado, el alcalde de Bayamón, Ramos Luis Rivera, sostuvo que la oposición política del Partido Popular Democrática (PPD) se quedó “anquilosados en el tiempo”, al llamar al boicot al plebiscito, a pesar de los cambios que ha ocurrido.
A solo días para la consulta plebiscitaria en la Isla, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reiteró ayer que al momento no ha aprobado el lenguaje en la papeleta que le entregarán a los electores que participen de la consulta este domingo.
Así lo informó en sus redes sociales uno de los periodistas de Wapa Radio, quien hizo una solicitud de información a Justicia federal sobre el tema. “El Departamento no ha revisado o aprobado el lenguaje en la papeleta actual”, lee la respuesta de Justicia federal al periodista. Además, le ofrecen el contexto de que el 13 de abril, la agencia federal informó al Gobernador sobre “múltiples consideraciones” que debían atemperar para la aprobación de la papeleta y la obligación de los fondos federales disponibles para una consulta de estatus. Indican que subsecuentemente el Gobernador solicitó la revisión de cambios futuros a los materiales del plebiscito y que el Departamento le pidió a su vez al Gobernador que revisarían los materiales si los sometían con tiempo suficiente para evaluarlos y obligar los fondos antes del plebiscito. “Eso requeriría posponer el plebiscito debido a que el proceso de revisión y obligación de fondos es uno multicapas. Ellos no lo pospusieron”, concluye el contexto.
Por su parte, La Fortaleza reaccionó esta tarde por voz de su secretario de asuntos públicos, Ramón Rosario, quien sostuvo que la administración respondió a los requerimientos del Departamento de Justicia, enmendando la Ley de Plebiscito para atemperar las opciones de estatus en la papeleta a los términos sometidos por el Gobierno federal. “Tras las enmiendas, la consulta sigue los parámetros federales y lo único pendiente sería una certificación para el desembolso de los $2.5 millones de fondos federales. […] Nuestra administración identificó que los conflictos internos del Departamento de Justicia federal podían dilatar más la resolución del problema del estatus de Puerto Rico, por lo que el gobernador decidió mantener la fecha original del plebiscito…”, expuso Rosario en declaraciones escritas.
Desde la administración de Barack Obama se asignaron $2.5 millones para una consulta de estatus en Puerto Rico, pero debía cumplir con opciones validadas por Justicia federal.
Las opciones en esta consulta son: Estadidad, Libre Asociación/Independencia y Actual Estatus Territorial.
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