Por: Víctor Torres Montalvo / @motinsitepegas
Una denuncia de la representación electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) sobre una violación a la directriz del voto añadido dio paso a que un colegio en Cabo Rojo desistiera de permitir a personas registradas en otros pueblos emitir una opinión allí.
Tras constatar una “rara” fila en la escuela Monserrate León de Irizarry, un equipo del PIP cuestionó a los funcionarios de colegio la razón de la tardanza para votar. Momentos luego, constataron que funcionarios del Partido Nuevo Progresista (PNP) estaban autorizando que personas debidamente registradas en otra jurisdicción votaran allí.
Al momento de la intervención, 47 votos se habían emitido ilegalmente, según informó la comisionada electoral del PIP, María de Lourdes Santiago.
Según la resolución “Voto Adelantado y Voto Añadido a Mano (CEE-RS-17-19) de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), “en el colegio especial de añadidos a mano votarán solamente los electores que reclamen su derecho a votar y no figuren en las listas de votación por errores administrativos de la Comisión, ni en la lista de exclusiones. Además, pueden votar en este colegio aquellos electores que tengan una certificación de inclusión emitida por el secretario de la comisión…”.
Asimismo, el documento señala que los encargados del proceso electoral “es deber ineludible de los funcionarios electorales orientar a todo elector respecto al lugar donde deben ejercer el derecho al voto”.
Sobre este caso, el pasado viernes el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Miguel Ríos, acusó a su homóloga del PNP, Norma Burgos, de divulgar información falsa e instar a votar en cualquier colegio electoral, inclusive fuera de su municipio.
“La transmisión de información falsa a los electores puede constituir un delito electoral. Precisamente para prevenir este tipo de actuaciones el PIP acudió al tribunal, donde el PNP tuvo que aceptar que las instrucciones que estaban impartiendo a sus electores —diciéndoles que podían votar en cualquier parte del País— eran ilegales”, precisó de Lourdes Santiago en declaraciones escritas.
El dictamen, emitido por la presidenta, Liza García Vélez, surgió tras un pedido que hizo la superintedenta de la Policía, Michelle Hernández de Fraley, para que los policías prestando vigilancia en otros pueblos que no fueron los suyos pudieran escoger y depositar su decisión en el más cercano.
Al momento de cerrar esta edición, Adrián González, excandidato a la alcaldía en San Juan por el PIP, precisó a Metro que estaban investigando otros colegios en ese mismo pueblo y en Rincón.
Esos 47 votos se tendrán que apuntar en una acta de la comisión electoral del municipio, donde se certificarán que fueron añadidos e inválidos. Luego la CEE los verificará en su conteo general.
