La Contraloría de Puerto Rico detectó deficiencias relacionadas con desembolsos, obras y mejoras permanentes, así como en las recaudaciones del municipio de Coamo.
El informe revela que el municipio tenía cuentas por cobrar atrasadas por casi 200 mil dólares desde el año fiscal 2011 para las cuales no se realizaron gestiones de cobro.
La auditoría también comenta que el municipio no atendió las recomendaciones de recobro de 185 mil indicadas en el informe de auditoría M-15-14.
“El no realizar gestiones de cobro es contrario a la Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos, y propicia que las cuentas se conviertan en incobrables”, afirma el documento de la Contraloría.
A su vez, se señalan deficiencias con las transferencias de créditos entre partidas, falta de cláusulas en los contratos e irregularidades en cinco proyectos de construcción por 3.6 millones, cuyas obras se comenzaron sin obtener previamente los permisos de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), como dispone la Ley 161 de 2009.
Asimismo, el municipio registró y remitió 700 contratos y 137 enmiendas a la Oficina del Contralor, 375 días más tarde de lo dispuesto en el Reglamento 33 (Registro de Contratos).
Además, no se efectuaron las investigaciones requeridas en 37 accidentes de vehículos ni en la pérdida de 28 unidades de propiedad por valor de 4,738 dólares.
Igualmente, el municipio de Coamo pagó 19,981 dólares a un contratista por la construcción de un complejo de pequeñas ligas, a sabiendas de que un proveedor le había reclamado el pago de 16,066 por los materiales de ese proyecto.
Tras un proceso de demandas y reclamos, el municipio pagó 16,066 a la compañía aseguradora del proyecto y desembolsó 13,335 por intereses y gastos de honorarios sin recibir servicio alguno.
El municipio debió haber establecido en el tribunal que el dinero reclamado por el demandante ya se le había pagado al contratista, por lo cual el proveedor debió haberle reclamado al contratista, no al ayuntamiento.
Al 31 de diciembre de 2015, dos demandas civiles por 715,826 dólares estaban pendientes de resolución por los tribunales.
El informe cubre el periodo del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2015.
