Inclusión, visibilidad y justicia fueron las palabras utilizadas por el senador Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), para describir una medida de su autoría que busca incluir en el currículo de las escuelas públicas y privadas el lenguaje de señas.
Y es que, en la isla, según el legislador, la población con impedimentos auditivos es alta. Sin embargo, son muy pocos quienes dominan el lenguaje que estos utilizan para comunicarse. De acuerdo al censo del año 2000, esta comunidad podía llegar hasta las 150,000 personas.
Si la propuesta del senador por el PIP se aprueba tal y como fue presentada, la enseñanza del lenguaje de señas sería obligatoria a nivel elemental y optativa en escuela superior e intermedia.
“Yo cité un esfuerzo ciudadano en el Senado de personas vinculadas a las certificaciones con respecto al lenguaje de señas. Es decir, distintos actores en esa comunidad que viven diariamente los retos de ser una persona sorda o atender a esa comunidad”, sentenció Dalmau.
De los resultados del cónclave, añadió el senador, se desprende que el proyecto del Senado 445 considere como prioridad reclutar a personas sordas como educadores.
De la misma forma, Dalmau explicó que el grupo que visitó su oficina opinó que es más fácil que una persona que domine de forma natural el lenguaje de señas trabaje como maestro.
“Es más fácil adiestrar a una persona sorda a cumplir con los criterios administrativos de ser maestro, que adiestrar a un maestro sin ser sordo a que aprenda lenguaje de señas. Este lenguaje tiene muchos elementos particulares y no es uniforme”, agregó.
La comunidad sorda, según el legislador, está dispuesta a tomar certificaciones y a adiestrarse en el Departamento de Educación para cumplir con los requisitos necesarios e ingresar a las aulas.
De igual forma, la medida sugiere la creación del Comité de asesoramiento, diseño y redacción del currículo para la enseñanza del lenguaje de señas en Puerto Rico. Este grupo estaría compuesto por un especialista en educación de lenguaje de señas, un representante de la comunidad sorda de cada región educativa y tres interpretes de lenguaje de señas a ser seleccionados de un colectivo de candidatos que deberán someter las instituciones registradas para ofrecer servicios de interpretación en Puerto Rico.
Luego de aprobarse la medida el Departamento de Educación tendría un año para implementarla; las escuelas privadas tendrían dos.
¿De dónde saldrá el dinero?
El senador del PIP comentó que, en las vistas públicas celebradas hoy para evaluar la propuesta de Ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto dejó en las manos del Departamento de Educación la identificación de fondos.
Educación, según Dalmau, dijo “como todas las demás agencias” que por el momento “no hay dinero”. Empero, para él esto no puede ser una excusa para adelantar una política pública a favor de esta población, más aún cuando el Departamento de Educación es una de las agencias gubernamentales que más recursos recibe del erario.
De otra parte, para el secretario asociado de Educación Especial, Eliezer Ramos, la ley propuesta por Dalmau sin duda tiene una buena intención. No obstante, mencionó que “es un proyecto que tiene un impacto económico significativo, puesto que tendríamos que modificar lo que son los currículos aquí del departamento”. Al momento, sentenció, la agencia en la que trabaja no tiene la capacidad económica para implementar un plan como el antes reseñado.
Sostuvo que sí hay iniciativas que están corriendo. “Nosotros ahora mismo sí adiestramos a maestros sobre todo para que puedan trabajar con estudiantes sordos y que requieren el uso de lenguaje de señas. Igual tenemos compañías para dar el servicio cuando a veces no tenemos el personal en una escuela que pueda trabajar con estos estudiantes”, acotó.
