Con una seria advertencia a los funcionarios públicos que han defraudado al país aprovechando su posición para el lucro personal, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés), Douglas Leff, invitó a los políticos corruptos a que no esperen a que toquen su puerta tal como hicieron en la mañana de ayer con el exsecretario de Recreación y Deportes, Ramón Orta.
“Además de este caso, tenemos una larga lista de personas que juraron servir al pueblo, pero, desafortunadamente, decidieron servirse a sí mismos. Sin embargo, estas personas deben darse cuenta de que sabemos quiénes son y lo que han hecho. Pueden contactarnos lo más pronto posible y voluntariamente cooperar con nosotros y tratar de reparar el daño que han hecho. De no ser así, si no pueden cooperar, nosotros tocaremos a su puerta en un futuro muy cercano”, fueron las palabras de Leff mientras las autoridades federales ofrecían detalles de la acusación de Orta y otras seis personas, que fueron arrestados ayer por las autoridades estadounidenses en un operativo llamado Mercenarios de la Educación, de un esquema de fraude con fondos federales.
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El funcionario, quien laboró en la administración de Alejandro García Padilla, regresó al ojo público al ser arrestado en su residencia en Guaynabo por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés).
También detuvieron a otras seis personas: Edgardo Vázquez Morales, Oscar Rodríguez Torres, Miguel Sosa Suárez, Irving Riquel Torres Rodríguez, Cecilia Amador López y Juan Carlos Ortiz Nieves. En la tarde de ayer salieron en libertad bajo fianza.
El grupo de coacusados presuntamente participó en un esquema de fraude en el que crearon empresas para beneficiarse de fondos federales utilizando al Departamento de Reacreación y Deportes (DRD), según indicó la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.
En conferencia de prensa, explicó que Orta utilizó su posición para “solicitar fondos federales del Departamento de Educación y de la Administración de Vivienda Pública utilizando información falsa sobre la capacidad de su departamento para llevar a cabo actividades sujetas a las propuestas”.
De acuerdo con la acusación, el exfuncionario firmó contratos con Rosso Group, que inflaba los precios de los servicios provistos bajo los contratos y repartía el sobrante con los coacusados. Recibió sobre $8 millones en fondos federales. Además, hubo contratos con las empresas Global Sports Iniatiave, que recibió $300 mil de Rosso y $200 mil del DRD; Administrative Enviromental recibió $554 mil de Rosso, y Sports Consultants Inc. recibió $72 mil del esquema.
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“Los coconspiradores utilizaban las ganancias para pagar viajes, inversiones de negocios para hacer compras para una campaña política y para un partido político”, indicó la fiscal Rodríguez. Entre los viajes en los que participó Orta y acusados se encuentran México para los Juegos Centroamericanos 2014 y Toronto en los Juegos Panamericanos 2015. Se estima que Orta se benefició con más de $26 mil y con mejoras a su casa.
Según el pliego acusatorio, entre Educación y el DRD se firmaron convenios para utilizar fondos federales en proyectos conjuntos, que se supone que fueran manejados por DRD, pero Orta subcontrató a Rosso Group de forma ilegal como parte del esquema. Entre los programas había programas televisivos a los que les inflaron los gastos para recibir el sobrante.
Los coacusados enfrentan hasta 10 años por conspiración, robo de fondos federales y soborno, así como hasta 20 años por fraude de correo, fraude electrónico y lavado de dinero, además de dos años de cárcel por cada robo de identidad.
A su salida del Tribunal federal, ningún coacusado emitió comentarios, salvo el abogado de Orta, Francisco Rebollo, quien aseguró a Noticentro que “aunque las alegaciones se plasman en un pliego acusatorio o las repita un fiscal en una conferencia de prensa, no las hace ciertas. Estas acusaciones contra mi cliente Ramón Orta son falsas y vamos a esperar al momento del juicio para probar su inocencia”.
Ante preguntas, la fiscal federal indicó que “podría decir que sí hay tangencia entre este caso con el esquema del exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández.
El resto de los acusados
Además de Ramón Orta, otras seis personas involucradas con él fueron arrestadas.
Edgardo Vázquez Morales, ayudante especial de Ramón Orta desde 2013 hasta diciembre de 2016.
Oscar Rodríguez Torres, fundador, presidente y dueño de Rosso Group, creada para financiar proyectos de Orta.
Miguel Sosa Suárez, CPA y contratista. Participó en la campaña de David Bernier.
Irving Riquel Torres Rodríguez, presidente y tesorero de Administrative Enviromental and Sports Consultants.
Cecilia Amador Torres, esposa de Torres Rodríguez. Sometió propuestas del DRD al DE.
Juan Carlos Ortiz Nieves, creador y propietario de Sports Consultants.
