El presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), José Carrión, dijo hoy que espera que el Gobierno de Puerto Rico cumpla con el Plan Fiscal, que establece la posibilidad de reducir la jornada laboral de funcionarios y la eliminación del bono navideño para equilibrar las finanzas públicas.
Carrión aprovechó su intervención en la clausura de la convención anual de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para pedir el cumplimiento de los compromisos adquiridos al Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló.
Las palabras de Carrión siguen a un cruce de declaraciones durante las últimas fechas entre la JSF, la entidad de control al Ejecutivo local impuesta por Washington para abordar el asunto de la impagable deuda, y el Gobierno puertorriqueño, que teme el descontento social que provocaría reducir la jornada laboral y eliminar la paga navideña.
La escalada de tensión entre Ejecutivo y la JSF provocó que el viernes Rosselló advirtiera que no descarta acudir a los tribunales en caso de que la JSF imponga no abonar el bono de navidad y una reducción de la jornada laboral de los funcionarios si entiende que no se han alcanzado los ahorros necesarios para cumplir con rigor con las finanzas públicas.
Rosselló se dirigió esta semana por escrito a la JSF para señalar que la ley no permite al Ejecutivo adoptar medidas como la reducción de jornada laboral y el bono de navidad, además de matizar que se está cumpliendo con el control de gastos exigido por el Plan Fiscal.
El jefe del Ejecutivo matizó que la ley otorga la discreción al Gobierno de Puerto Rico de adoptar o no las recomendaciones de la JSF.
Carrión dijo que confía en el espíritu de colaboración del Gobierno y en el cumplimiento con el Plan Fiscal aprobado el pasado 13 de marzo.
“Todo plan de reducción de jornada o eliminación del bono de Navidad son medidas aprobadas en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión con cuyo cumplimiento la Administración -de Ricardo Rosselló- está comprometida”, dijo Carrión.
Dijo que “si hubiera que hacer reducción de jornada sería para garantizar que el Gobierno tiene liquidez necesaria para brindar los servicios esenciales” a la población.
Carrión resaltó que “no se puede caer en más de los mismo”, ya que actualmente el Gobierno “no puede pedir prestado -en los mercados de deuda- para cubrir las deficiencias”.
Recordó además que el Plan Fiscal establece que si se consiguen determinados ahorros se podrían suspender ciertas medidas, en referencia a la reducción de jornada y eliminación de la paga navideña.
“Debemos asegurarnos de que todas las medidas del Gobierno logran los objetivos proyectados”, aseguró.
Carrión reconoció sin embargo que el Gobierno “ha tomado la dirección correcta en las reformas estructurales que ayudan a sentar las bases para el crecimiento económico”.
La grave crisis de liquidez del Gobierno y la imposibilidad de pagar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares provocó la aprobación por parte del Congreso en Washington de legislación para atender el asunto.
El Congreso en Washington aprobó la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), en junio de 2016.
Esa norma establece la Junta de Supervisión Fiscal, una entidad de control federal al Ejecutivo de la isla caribeña con capacidad para supervisar e, incluso, vetar cualquier decisión del Gobierno que lidera Ricardo Rosselló.
