La senadora por acumulación, Zoé Laboy Alvarado, radicó la Resolución del Senado 356 para ordenar una investigación sobre el manejo de los casos de trata humana en la isla durante la pasada década por parte de las agencias gubernamentales que intervienen en los mismos, para indagar en los resultados y el impacto social y económico de este crimen en Puerto Rico.
Los estudios investigativos publicados por la Fundación Ricky Martin, en alianza con la Universidad de Puerto Rico, sobre la existencia de este crimen, titulados La Trata de Personas en Puerto Rico: Un Reto a la Invisibilidad y La Trata de Personas: Una Forma Moderna de Esclavitud publicados en el 2010 y 2014, respectivamente, identificaron varias modalidades de la trata humana en la Isla, específicamente relacionadas a la explotación de menores. Entre ellas están: la prostitución ajena, la pornografía infantil, el turismo sexual, la explotación con fines reproductivos, la mendicidad, el trabajo doméstico y narco explotación. Dichos estudios revelaron, además, que Puerto Rico constituye un lugar de origen, tránsito y destino para la trata humana.
Por otra parte, el tercer estudio titulado Violencia: Género y Trata presentado en marzo del 2017, sostiene que “la experiencia en Puerto Rico y otros países demuestra que en algunos casos se experimentan simultáneamente condiciones de violencia doméstica y la trata humana; y la Ley de Prevención e Intervención (Ley 54) con la Violencia Doméstica no incorpora la trata como un tipo de explotación y maltrato hacia las mujeres”.
El gobierno de Puerto Rico, de acuerdo a la comunicación de la senadora, ha adoptado diversas medidas para atender esta situación. A inicios de este año el gobernador Ricardo Rosselló, informó Laboy, firmó una Orden Ejecutiva para crear la Coalición de Apoyo a Víctimas de Trata Humana.
“Además, existen diversas leyes para atender esta situación. Entre éstas figuran: la Ley 146 del 30- 2012 conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, cuyo Artículo 159 (servidumbre involuntaria o esclavitud) y Artículo 160 (trata humana) establecen condiciones y definiciones similares de esclavitud con penas mínimas y máximas diferentes para casos donde se pruebe el mismo crimen; y, la Ley 225 del 2014 que enmienda la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores, con el propósito de añadir la trata humana en cualesquiera de sus modalidades como una de las formas de maltrato de menores contempladas en la Ley, entre otros fines”, continúa el parte de prensa.
La legisladora añadió que se espera que una vez concluya la investigación, puedan tomarse acciones legislativas, como la promulgación de leyes, y otras administrativas, que redunden en el manejo adecuado de los casos de trata humana en Puerto Rico.
