Jaime Perelló, expresidente de la Cámara de Representantes, tiene hoy su primera cita con la Justicia; el Panel Especial sobre el Fiscal Independiente (PFEI) lo acusará por presuntamente violar el Código Penal, la Ley de Ética Gubernamental y la Ley para el Financiamiento de Campañas.
Al llegar al Centro Judicial de San Juan, Perelló -en compañía de su abogado José Andreu Fuentes- solicitó esperar que “el caso corra”. Serio, con su mirada al frente, evitó a la prensa lo más que pudo, escudado por su letrado.
Junto al exrepresentante del Partido Popular Democrático, también son acusados otras cinco personas: Xavier González Calderón, exadministrador de la Cámar baja; Ivelisse Reyes González, extesorera de la campaña del expresidente; Glenn Rivera Pizarro, exayudante de Perelló; Ángel Muñoz Noya, quien fue parte del Comité de Finanzas de la campaña; y una persona más que los fiscales no han revelado.
El caso fue investigado por los fiscales Leticia Pabón y Ramón Mendoza, quienes informaron a la prensa que realizarán 22 denuncias.
La investigación contra expresidente cameral comenzó luego de que en el juicio federal contra el exrecaudador popular Anaudi Hernández, salió a relucir que el exrepresentante utilizó sus influencias para favorecer la otorgación de un contrato a una compañía propiedad de este último y su socio Héctor Vargas. El acuerdo fue para que la empresa 3 Comm Global instalará un cuadro telefónico en la Cámara de Representantes que, de hecho, nunca funcionó.
Tras las irregularidades, el exsecretario del Departamento Justicia César Miranda, remitió un informe al PFEI en el que relacionó a Perelló con los delitos de enriquecimiento ilícito, aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos, intención indebida en la operaciones gubernamentales, malversación de fondos públicos e infracción a la Ley para el Financiamiento de Campañas.
Según Mendoza, Anaudi Hernández, su socio Héctor Vargas y Víctor Burgos, exdirector de Tecnología de la Cámara, figuran como testigos. Asimismo, la Oficina del Contralor Electoral, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental colaboraron en la investigación.
En el caso de Muñoz Noya y Pérez González las acusaciones podrían estar relacionadas a una violación a la Ley para el Financiamiento de Campañas.
