El Tribunal Supremo de Justicia prohibió el miércoles a la fiscal general Luisa Ortega Díaz abandonar el país y le congeló sus cuentas bancarias, como parte de un proceso que le sigue por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo.
En medio de una creciente tensión tras la denuncia de un supuesto complot contra el gobierno a raíz de un ataque a dos organismos públicos, la Corte informó en un comunicado que Ortega Díaz tampoco puede enajenar y gravar sus bienes mientras se decide sobre una solicitud para retirarle la inmunidad y enjuiciarla.
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Ortega Díaz era una defensora del gobierno socialista establecido por el expresidente Hugo Chávez, pero recientemente se convirtió en una crítica del actual mandatario Nicolás Maduro. El máximo tribunal inició este mes un proceso contra la fiscal a solicitud del diputado oficialista Pedro Carreño.
El Tribunal Supremo fijó para el 4 de julio la audiencia en la que se escucharán los alegatos de la fiscal y otros funcionarios sobre el caso.
El anuncio de la sentencia se dio pocas horas después que Ortega Díaz se declaró en rebeldía contra el máximo tribunal y dijo que desconocería las sentencias de la víspera en la que se le otorgó a la Defensoría del Pueblo parte de las atribuciones del Ministerio Público para la investigación de procesos penales que tengan que ver con los casos de violaciones de derechos humanos.
“Continuamos en presencia de la ruptura del orden constitucional”, dijo en rueda de prensa y llamó a los venezolanos a acogerse al texto de la Constitución que obliga a colaborar en el restablecimiento de la vigencia de la carta magna.
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Ortega Díaz, quien hasta hace unos meses era identificada como cercana al oficialismo, también criticó la actuación del gobierno y las fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales. “El derecho a participar, el derecho a elegir, todos esos caminos están cerrados”, dijo. “Eso es terrorismo de Estado”.
La acción contra la fiscal coincidió con la denuncia que realizaron las autoridades sobre un supuesto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro.
El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, condenó el supuesto ataque que realizó el martes un helicóptero contra la sede del máximo tribunal y el Ministerio de Relaciones Interiores, y llamó a los venezolanos a través de Twitter a mantener la calma y estar alerta ante una “escalada”.
A los cuestionamientos se sumó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien responsabilizó al inspector agregado de la policía judicial Óscar Pérez, de 36 años, de pilotear la aeronave desde donde se realizó el “acto terrorista” contra dos organismos públicos.
Dijo que las fuerzas de seguridad buscan al policía y a otros sujetos armados.
Reverol aseguró que hay una “relación directa” del autor material del evento y las “agencias de inteligencia” de Estados Unidos, aunque dijo que en los próximos días dará más información del caso.
El vicepresidente Tareck El Aissami anunció la tarde del miércoles que las autoridades localizaron sobre una colina en la población costera de Osma, del estado de Vargas, el helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que fue utilizado por Pérez en el ataque a los organismos públicos. En la operación no se detuvo a ninguna persona.
Pérez, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, se identifica en su cuenta de Instagram como investigador, piloto de aeronaves y filántropo. Hace más de dos años, el policía protagonizó y produjo la película “Muerte suspendida” que relata la historia del secuestro un empresario ocurrido en Caracas y su posterior liberación por parte de CICPC.
El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Julio Borges, se abstuvo de hacer comentarios sobre el supuesto complot y dijo a la cadena local Unión Radio que la coalición opositora se reuniría para analizar el caso. “Hay gente que dice es un peine (una trampa). Hay gente que dice que es una cuestión real…Todo lo que sea es gravísimo. Todo lo que sea apunta hacia el mismo lugar que es que esta situación es insostenible en Venezuela”, agregó Borges.
Los habitantes de Caracas fueron sorprendidos la tarde del martes cuando un helicóptero azul con las siglas del CICPC sobrevoló a muy baja altura algunas zonas del este y centro de la ciudad e hizo varios disparos al aire que generaron angustia entre algunos transeúntes.
Poco después, el presidente Maduro denunció en un acto en el palacio presidencial un complot contra su gobierno. Dijo que desde el helicóptero se habían hechos disparos contra la sede del Tribunal Supremo y se había lanzado una granada que no explotó.
Horas después del incidente, el máximo tribunal, acusado de ser afín al gobierno, difundió una sentencia en la que amplió las competencias de la Defensoría del Pueblo y le dio atribuciones para investigar los casos de violaciones de los derechos humanos, asumir la representación de las víctimas en los procesos penales y acceso a las investigaciones del Ministerio Público.
La denuncia del complot y las acciones contra la fiscal general se dan tras casi tres meses de protestas antigubernamentales que han dejado 76 muertos, 1,400 heridos y más de 500 detenidos.
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