La reducción de $350 millones —impuesta en el presupuesto de Ricardo Rosselló— a las partidas que reciben los municipios desde las arcas del Gobierno central empieza a tener sus efectos. Al parecer, quienes más se afectarán por esta medida de ahorro son los empleados públicos de los ayuntamientos, pues, al verse cortos de flujo de efectivo, los alcaldes han decidido reducir la jornada laboral o no renovar contratos.
Este es el caso de Vieques, cuyo ejecutivo, Víctor Emeric, decidió que los empleados solo trabajarán cinco horas al día. En Ponce, María Meléndez implementó una jornada de 20 horas semanales.
En Vega Alta, el presidente de la Legislatura Municipal, Carlos Malavé, había denunciado que el alcalde Oscar Santiago no renovó el contrato de 40 personas para el próximo año, sin embargo, el alcalde desmintió las expresiones y señaló que se trataba solo de 19 empleados transitorios.
Por su parte, Carlos Molina, líder de Arecibo, aumentó la contribución del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales de 10.33 % a 11.83 %. Sin embargo, aumentó su sueldo de $5,112 a $8,000 mensuales. Molina también estableció en su ayuntamiento un sistema para cobrar a los ciudadanos por el recogido de basura. Su homólogo en Cabo Rojo, Roberto Ramírez, también cobrará por recoger los desperdicios sólidos, pero a través de un sistema de bolsas plásticas.
En Toa Baja, Bernardo Márquez firmo ayer una orden ejecutiva declarando a su pueblo en estado de emergencia, porque tienen problemas con el recogido de basura. Para el próximo año fiscal, este servicio será prioridad presupuestaria, según comentó. En la situación de emergencia, Márquez dijo que contratará a seis camiones de basura sin pasar por una subasta.
