Cuando Juan Alberto Vargas decidió tomar la oferta de empleo que ofrecía el Departamento del Trabajo en una finca de manzanas en Michigan, pensó que le iría de la misma forma que uno que aceptó en Nueva Jersey en la década del 80, cuando sentía que su cuerpo aún tenía la fortaleza de un adolescente.
Era recogiendo hojas de tabaco, nos contó sobre su primera experiencia de trabajo en el exterior, de la cual regresó con poco más de $5,000.
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En esta no estaba seguro de cuánto traería, a pesar de que el trabajo ofrecía un salario de $10.50 la hora, prácticamente el doble de lo que llegó a cobrar la primera vez.
Pero Vargas solo quería trabajar, y, como él, cinco boricuas más, con largos meses sin empleo y muchas deudas que pagar, tomaron la oferta y llegaron a un campo en Michigan, ignorando que un trailer despintado, destartalado y que aparentaba lucir abandonado sería su domicilio.
“Era una mobile home con los mattres en el piso. Yo dormía en la sala; los otros que estaban allí (9 en total) ya tenían su lado”, describió el trabajador residente en Dorado.
Allí pasó tres largas noches. A la madrugada del cuarto día empezó el calvario. Una guagua los esperaba afuera para llevarlos a la finca con un patrono que, según Vargas, los discriminó desde el primer momento.
“Ustedes no sirven” fue la primera expresión que se le escuchó decir al “patrón”, al ver la forma en que los boricuas recogían las manzanas.
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Horas más tarde, “ya viene otra vez con el látigo encima ahí en la espalda. De nuevo con cantaleta: que si están lentos, que si están tirando las manzanas, que los mexicanos son más rápidos”, dijo el obrero Vargas sobre los reclamos del patrón.
Añadió que, ante las continuas críticas, el grupo de puertorriqueños decidió no trabajar más, por lo que el jefe de la finca, “bajo amenaza”, les hizo firmar un documento y trasladarlos a otro lugar donde compartirían vivienda con otros seis ciudadanos.
“Veintiuna personas en una sola casa con seis literas y un solo baño. La convivencia era imposible”, dijo Vargas, quien, contrario a otros boricuas del grupo, decidió quedarse y optar ganarse su sustento en una vaquería que le pagaría unos centavos más que lo que devengaría cuando intentó desempeñarse como recolector de manzanas.
El trabajo era duro: 11 horas diarias, siete días a la semana, guiando camiones y dándoles de comer a las vacas. “Llegaba todo apestoso a excremento y a orina”, recordó Vargas, al tiempo que destacó que hubo semanas en las que tuvo que viajar de madrugada 12 millas en bicicleta para llegar a la vaquería.
No obstante, admitió que quiso quedarse trabajando para traer “unos cuantos pesos y poner las cuentas al día”.
“Era horrible. No era lo que uno pensaba”, relató el corpulento hombre de 54 años, que, tras casi seis meses en Michigan, regresó a su tierra con múltiples dolencias de salud y apenas $600 en su bolsillo.
Demanda federal por discriminación
El suplicio que vivió Vargas y otros 13 boricuas en Michigan está contenido en una demanda radicada en el Tribunal federal de San Juan contra la empresa Manzanas LLC.
Representados por Latino Justice, una organización de derechos civiles radicada en Nueva York, el grupo de puertorriqueños establece que la empresa violentó sus derechos laborales y los engañó al no cumplirles con lo ofrecido en la oferta de empleo, que incluía vivienda accesible, reembolso de gastos de pasaje de Puerto Rico a Michigan y viceversa, así como capacitación laboral de al menos seis horas, entre otros incentivos.
En entrevista con Metro desde la ciudad de Nueva York, Natasha Lycia Ora Bannan, abogada de Latino Justice, dijo que la oferta de empleo surgió porque el patrono tenía una mano de obra de mexicanos y que, para poder seguir reclutando una fuerza laboral similar, a través de la otorgación de visas, tiene que haber demostrado a inmigración que no consiguió ciudadanos legalmente establecidos en Estados Unidos y Puerto Rico para hacer el trabajo.
“El asunto es que los boricuas aceptaron el trabajo y ya eso le crea un problema al patrono que quiere mexicanos”, destacó la también presidenta del Gremio Nacional de Abogados (National Lawyers Guild; NLG, por sus siglas en inglés).
“Los trataron de humillar. Los hicieron sentir menos. Los hicieron sentir como si no contaran como trabajadores o como seres humanos. Ni siquiera probaron su calidad como trabajadores. Los descartaron enseguida. Al llegar allí les decían comentarios por ser puertorriqueños como que llegaron demasiados bien vestidos para el tipo de trabajo o bien perfumados”, reveló la abogada, al tiempo que destacó que la empresa los tenía viviendo en unas condiciones “asquerosísimas”.
La demanda, de la cual Metro obtuvo copia, está encabezada por Juan Carlos López, Carlos Villegas, Héctor Luciano Rodríguez, Franco Monroureau, Juan Miguel Camarero, Joel Almestica, Efraín García, Ángel Rodríguez, Edwin Báez, Orlando Acetty Bermúdez, Wilson Abnel Torres Rivera, Juan Alberto Vargas, José Morales Díaz y Luis Alberto Ayala Díaz.
Ora Bannan dijo que la discriminación contra los puertorriqueños siempre ha pasado, pero que ahora se ha visibilizado más tanto en fincas como en lecherías, en estados como Nueva York, Michigan, Carolina del Norte, Virginia y Florida, “y es algo que tenemos que contrarrestar un poco y cuestionar de que nos venden esa idea de que todo es mejor allá, que se consigue todo. Y no es así”.
Agregó que, como producto de la crisis económica que vive el país, “muchos empresarios están aprovechándose, beneficiándose de la explotación laboral de los puertorriqueños, llegando a la isla a reclutar gente que, cuando llegan aquí sin conocer el idioma, sin conocer a nadie, separado de su familia, de su país, de su cultura, de todo, pues los explotan porque no hay diferencia para muchos entre los puertorriqueños, mexicanos, colombianos y salvadoreños. Para ellos son todos inmigrantes y piensan que los pueden discriminar y explotarlos sin ninguna consecuencia”.
Un caso que golpeó a 150 boricuas
Kelvin Montes Rivera fue uno de los 150 empleados boricuas que el mes pasado se quedaron varados en Carolina del Sur, tras ser abandonados por la empresa que los reclutó con promesas de buen salario, alojo y transportación,
“Acho, lo peor. Yo sentía una nostalgia. Trata humana… Te discriminaban, te trataban mal de verdad” fueron sus primeras palabras cuando le preguntamos cómo se sintió al trabajar en la planta de empaque de frutas del mencionado estado.
Agregó que también fue objeto de robo de salario, ya que, aunque promediaba sobre 50 y 60 horas a la semana, sus cheques llegaban de una cantidad muy inferior, incluso hasta de $20, lo que lo llevó, según admite, a pasar hambre.
Del sufrimiento de Montes Rivera, su madre, Teresa Rivera Álvarez, no estaba ajena y con lágrimas en los ojos narró cómo se sentía al no poder ayudar a su hijo. Admite que en varias ocasiones su hijo le ocultó que no había comido y que, cuando se enteró de que el patrono los iba a dejar en la calle, no dudó en tomar el dinero prestado para comprarle el pasaje de regreso.
“Yo siempre le pedí a Dios que siempre estuviera ahí y lo cuidara, y Dios siempre provee”, dijo la madre.
Los trabajadores fueron reclutados mediante Internet y hojas sueltas distribuidas en los pueblos de la montaña para trabajar en una empacadora de frutas en el estado sureño.
