La procuradora del Ciudadano, Iris Miriam Ruiz, no descartó que se continúen repitiendo casos en los que trabajadores puertorriqueños son víctimas de discriminación, robo de salario y abuso laboral por parte de patronos cuyas compañías vienen a la isla a reclutarlos para trabajos temporeros.
En entrevista con Metro, Ruiz manifestó que el endurecimiento de las leyes migratorias, combinado con la crisis que vive el país, con una tasa de desempleo de 11 % y cuyo futuro económico se debate en una corte de quiebras, están empujando a muchos puertorriqueños ha aceptar trabajos que por las condiciones en que se dan solo las tomaban migrantes de Centroamérica.
“Los puertorriqueños están sustituyendo la mano de obra mexicana”, reveló la procuradora, quien atribuyó la situación al aumento en deportaciones de migrantes, que registró un número récord bajo el mandato de Barack Obama (2.8 millones hasta finales de julio ) y que continúa de forma más agresiva con el gobierno de Donald Trump.
“Convertirnos en migrantes en este momento a pesar de ser ciudadanos americanos es doloroso y es una realidad que tenemos que confrontar”, destacó Ruiz, quien actualmente dirige la red de migración y trata de la federación iberoamericana del Ombudsman.
La pasada semana, Metro reveló —durante la publicación de la serie especial “Objetivo empleo: boricuas lo dejan todo por el sueño americano”— una serie de casos en los que cientos de puertorriqueños recibieron abuso y maltrato por parte de sus patronos.
Las denuncias de los boricuas que laboraron en una planta de procesamiento de frutas en Carolina del Sur; las de los que trabajaron en una finca de manzanas en Michigan; las de los choferes de una empresa de transporte en El Paso, Texas; y, más reciente aún, las de los boricuas en una pescadería de Alaska tienen un denominador común: condiciones de trabajo infrahumanas, discrimen y turnos de trabajo de hasta 16 horas mínimo, los siete días de la semana.
“Trabajamos de pie todo el tiempo sin ningún tipo de descanso y en unas condiciones pésimas”, relató a este diario Javier Vázquez Mateo, un joven de Camuy que llegó el viernes al país tras ser abandonado en el aeropuerto de Alaska por la empresa que lo reclutó en la isla, Silver Bay Seafoods.
El secretario de Estado, Luis Rivera Marín, dijo a Metro, durante su participación como observador en la consulta electoral de los venezolanos, que todas estas denuncias se encuentran bajo investigación de las agencias federales.
El Gobierno de Puerto Rico carece de jurisdicción para ir en contra de estas empresas. No obstante, el primer mandatario local, Ricardo Rosselló, le entregó el sábado una carta al gobernador de Alaska, Bill Walker, pidiéndole investigue las supuestas condiciones de trabajo “deplorables e inhumanas” denunciadas por puertorriqueños en una procesadora de pescado de ese estado.
La misiva también fue dirigida al secretario del Trabajo de Estados Unidos, Alexander Acosta, y al director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Thomas Homan.
El gobernador señaló que, de ser ciertas las alegaciones, la procesadora identificada como Silver Bay Seafoods estaría incurriendo en una clara violación a la Ley de Normas Laborales Justas de Estados Unidos, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional y hasta pudiera haber incurrido en violaciones a la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico Humano.
“Lastimosamente con estas experiencias tenemos que finalmente decir que los puertorriqueños en una desesperación pueden llegar a una vida de migrante con unas violaciones de derechos increíbles que no van a conseguir todo lo que estaban esperando”, sostuvo la procuradora del Ciudadano.
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