El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó hoy el Proyecto del Senado Número 27, que busca defender ante las aseguradoras los derechos de pacientes que tengan un plan médico que no sea el provisto por el Estado.
Según manifestó el primer ejecutivo en declaraciones escritas, “esta legislación garantizará mejores servicios de salud y mayor transparencia en las determinaciones sobre la cubierta de los servicios médicos que recibe nuestro Pueblo”.
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La medida es de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
En la actualidad, la Oficina del Procurador del Paciente (OPP) no tiene autoridad en ley para defender ante las aseguradoras los derechos de pacientes que tengan un plan médico que no sea el provisto por el Estado. La eliminación del foro para presentar querellas de la OPP a los pacientes de planes médicos privados fue aprobada bajo la pasada Administración de Alejandro García Padilla, se indicó.
Rosselló Nevares explicó que con la firma de esta ley, se amplía la jurisdicción de la OPP para que pueda atender los reclamos de todo tipo de paciente.
“Ahora, la OPP tendrá jurisdicción para atender querellas relacionadas con la negación de autorización de cubierta de seguros de servicios médicos. También, se viabiliza la presentación de querellas ante la OPP por el médico u hospital, en aras de proteger los derechos de los pacientes que no pueden reclamarlos. Y establece un procedimiento sumario para los casos de denegaciones de servicios de salud relacionadas a emergencias y hospitalización de modo que el paciente pueda recibir el servicio cuando lo necesita”, resumió el mandatario.
Según se indicó, en busca de una mayor trasparencia, la legislación establece la obligación de las aseguradoras de divulgar y justificar las determinaciones adversas o denegaciones de servicios de salud y se prohíbe que la misma entidad que tomó la decisión original de cubierta o se beneficia de la denegación, controle todo el proceso de revisión de su propia determinación.
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Además, la medida reconoce una causa de acción contra las aseguradoras que intervengan en el proceso de diagnóstico y tratamiento en perjuicio del paciente.
“Ahora comienza un proceso de reglamentación y transición en el que la OPP deberá consultar con la Administración de Servicios de Salud (ASES) y el Departamento de Salud para lograr una implementación de la ley que proteja los derechos de los pacientes y asegure el cumplimiento con los estándares y requisitos federales”, sostuvo el gobernador, tras firmar la ley.
Aseguró que el cumplimiento de dicha ley beneficiará a toda la población y se expresó confiado en que todos los actores de la industria de la salud trabajarán unidos en beneficio del Pueblo.
