El Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico (IAAPR) comisionó un análisis realizado por el doctor en economía José Caraballo Cueto del Centro de Información Censal (CIC) de la Universidad de Puerto Rico en Cayey, informe hace hincapié en las leyes de cabotaje aéreo y sus consecuencias en el desarrollo del transporte aéreo de carga en Puerto Rico.
“Como parte del compromiso hecho el pasado mes de marzo de 2017 con la Honorable Jennifer González, Comisionada Residente y como continuación de la implantación de la estrategia de desarrollo económico sometida al “task force” de la Junta de Supervisión Fiscal el pasado 15 de septiembre de 2016 comisionamos este análisis. El IAAPR y la Universidad de Puerto Rico pone nuevamente su recurso al servicio del país para poder continuar apoyando todos aquellos esfuerzos, dentro y fuera de la Isla, que puedan adelantar el desarrollo socio-económico de la sociedad puertorriqueña”, resaltó el profesor Arroyo en una comunicación escrita.
Resultados del estudio
En el informe, el experto proyecta un impacto económico potencial para Puerto Rico ya que las enmiendas a las leyes de cabotaje para Puerto Rico podrían aumentar potencialmente los visitantes a la Isla en un 17% anual, tomando como base la experiencia que tuvo Alaska tras la eliminación de estas leyes en el 2004. Por consiguiente, la actividad económica directa solo para la región noroeste representaría $219.3 millones para los años 2016-2028 y la actividad económica indirecta ascendería a $184.2 millones para el mismo periodo de tiempo. Esto tomando en consideración que de acuerdo con la Junta de Planificación, el gasto promedio total de un visitante a Puerto Rico fue de $757 para el 2015.
“El desarrollo económico de la Isla es parte predominante de mi agenda congresional. Una de las propuestas que presenté en campaña fue la modificación de las leyes de cabotaje aérea en relación a Puerto Rico. Conozco el impacto positivo que esto tuvo en Alaska. Este estudio ayuda a sustentar las gestiones que realizamos a favor de los tres cambios que perseguimos. Al igual que Alaska, con su enmienda Stevens para permitir el movimiento y flujo de carga aérea por su estado, buscando además de TSA un ‘waiver’ en el programa de VISAS que nos permita liberalizar el tránsito internacional de pasajeros y con la autorización del DOT (Departmento de Transportación Federal) que permita la transferencia de carga. Estas tres iniciativas las comenzamos a trabajar en febrero a nivel administrativo con Transportación federal y a nivel congresional con la preparación de proyectos para que se haga realidad y podamos darle impulso a la economía. Agradezco y felicito al Instituto de Aeronáutica y Aeroespacial de Puerto Rico por luego de nuestra reunión comisionar este estudio que nos permite mayores herramientas en el desarrollo económico de la isla. El potencial de estas iniciativas pondría a la isla en el mapa de vuelo de aviones de carga y de pasajeros una vez nos convirtamos en HUB de transferencia. Nuestra posición en el Caribe nos permite ser enlace de rutas con América Latina, puente a rutas a Europa y África, maximizando nuestra conectividad doméstica con los Estados Unidos. Una vez logrado estos adelantos podemos explotar el uso y potencial de puertos de transbordo de carga y aeropuertos regionales en la isla combinándolos con otros programas de desarrollo económico”, expresó por su parte la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
Por otra parte, Caraballo Cueto proyecta que el empleo total generado en Puerto Rico podría aproximarse a 6,045 para el periodo 2016 a 2028. Este expone que estas son cifras conservadoras porque no se está considerando la actividad económica generada por el movimiento de carga adicional y sólo se está proyectando el impacto económico en el aeropuerto de Aguadilla, sin tomar en consideración el aeropuerto más grande de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín en San Juan.
“Si Puerto Rico se libera de las leyes federales de cabotaje como sucedió con Alaska, podría tener aún más oportunidades para la actividad económica inmediata dado el nicho aeroespacial ya creado en esta región noroeste y la gran relevancia que tiene para una isla sus aeropuertos. Esto permitiría mayor interacción con otros países, mayor turismo, mayor crecimiento de la capacidad tecnológica y mejoramiento de su competitividad, entre otros. Además, permitiría el establecimiento de nuevas industrias que, a su vez, crearían nuevos empleos y nuevos fondos que se inyectarán en la economía del país”, explicó.
Según expone el informe, si esta excepción se aplica al Aeropuerto Rafael Hernández de Aguadilla, que tiene la capacidad potencial de manejar operaciones relativamente grandes, podría transportarse un mayor número de pasajeros y carga en este aeropuerto.
