La otrora directora de Compras de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR), Zoraida Velázquez Bracero, se declaró culpable de apropiarse de fondos federales por más de 600 mil dólares, anunció hoy la jefa de fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez Vélez.
Entre junio de 2005 a julio de 2015, Velázquez Bracero fue director de Compras de la PUCPR, entidad que recibe más de 10,000 dólares en fondos federales en un período de un año.
Por la posición que ocupaba, la acusada recibió una tarjeta de crédito corporativa de la PUCPR para la compra de bienes y suministros, además de organizar viajes oficiales para los profesores.
Según el pliego acusatorio, para 2008 la imputada comenzó a usar esa tarjeta de crédito corporativa para gastos personales no autorizados por la Universidad Católica.
Por medio de cargos directos y adelantos en efectivo, Velázquez Bracero usó esta tarjeta de crédito corporativa para pagar la matrícula escolar, facturas de servicios domésticos y otros artículos, y vacaciones en Disney World, Nueva York, Atlanta, Indianápolis, Canadá y Francia.
La demandada ocultó el uso de esta tarjeta de crédito corporativa mediante la alteración y la creación de declaraciones ficticias de tarjetas de crédito en las que escondió los cargos, aumentando las cantidades de otros cargos legítimos o eliminando los cargos por completo antes de presentar para pago la declaración al departamento financiero.
Aunque el límite original de esta tarjeta de crédito corporativa fue de 80,000 dólares, Velázquez Bracero obtuvo numerosos aumentos de límite de crédito falsificando la firma de su supervisor en cartas a la compañía de tarjetas de crédito solicitando dichos aumentos.
La demandada sabía que estaba afectando las subvenciones federales cuando usó ilegalmente esta tarjeta corporativa.
El monto total de cargos no autorizados por Velázquez-Bracero fue 655,432 dólares.
La mujer puede ser condenada a un término de ocho a 14 meses de prisión, una multa no superior a 250,000 dólares, o un término de libertad supervisada de no más de tres años.
El fiscal Scott H. Anderson está a cargo del procesamiento del caso.
