La Junta de Control Fiscal (JCF) podría solicitar el Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) para el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) debido a las demandas radicadas por los Municipios de Caguas y San Juan, que surgen a raíz del acuerdo de reestructuración (RSA) de esa entidad.
“Yo entiendo que con toda probabilidad lo harían, porque para qué te vas a arriesgar a que venga el tribunal y diga que tienen razón los demandantes”, manifestó John Mudd, abogado de quiebras.
En su demanda, el Municipio de Caguas pide que se reconozca que pagó préstamos y que se le acrediten unos $16 millones al pago de su deuda por los próximos cuatro a cinco años. En este pleito se incluye al BGF y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).
“La reclamación del Municipio de San Juan básicamente lo que está diciendo es que la Junta certificó algo que no podía certificar”, expuso Mudd sobre la demanda de la capital, que incluye al BGF, a la AAFAF y a la Junta. En esta demanda el municipio pide que la Junta no dé paso al RSA.
Consecuencias de las demandas
El experto sostuvo que las consecuencias de la demanda dependen de si “la jueza entiende que no pueden reestructurar los depósitos del banco. Entonces, el RSA como está hay que enmendarlo o se va a Título III. Porque el RSA ahora mismo sugiere que los municipios acepten el 55 % de sus depósitos. Por eso digo que tienen razón”.
Más inteligente la demanda de Caguas
Por otro lado, Mudd aseguró que entiende que la demanda de Caguas tendría más posibilidades, debido a que incluye corporaciones públicas que no son parte del Gobierno y, por lo tanto, no están protegidas por el stay de litigios del Título III.
“Yo entiendo que la demanda del Municipio de Caguas está mejor escrita y tiene más probabilidades, pero los municipios nunca se entiende que pueden demandar a su creador. En este caso, el Municipio de Caguas demandó al Banco Gubernamental de Fomento, que no es el Gobierno, y también a AAFAF, que tampoco es el Gobierno; es una corporación pública”, precisó.
¿Qué propone el acuerdo?
- Los bonistas obtendrán bonos nuevos a ser emitidos por una nueva entidad (el emisor).
- Según la JCF, “el BGF transferirá al emisor su cartera completa de préstamos municipales, ciertos activos de bienes raíces disponibles para la venta y cierta cantidad de efectivo”.
- Los nuevos bonos consistirán en tres series —A,B o C— y cada una con términos distintos, incluyendo distintas tasas de interés (o cupón) y tasas de intercambio, entre las cuales los reclamantes podrán escoger.
- A mayor la tasa de intercambio entre el valor de la reclamación actual y el valor de los bonos nuevos, menor será su tasa de interés.
