En medio de las denuncias de violencia sexual que han surgido en la Legislatura y en algunas alcaldías, el gobernador Ricardo Rosselló firmó ayer cuatro medidas en beneficio de la mujer.
De ahora en adelante, el Estado mantendrá un registro de convictos por Ley 54.
“El que cometa un acto y sea convicto va a estar expuesto. El resto de la sociedad tendrá las herramientas para saber lo ocurrido y será un componente disuasivo”, dijo el gobernador al respecto.
El agresor estará en la Web por siete años, tiempo que, de acuerdo con Carmelo Ríos, autor de la medida, es suficiente para que una persona se rehabilite.
A preguntas de la prensa, Ríos hizo hincapié en que la página solo será para “convictos”. El tema de la mujer ha sido central en la campaña a la alcaldía de Guaynabo en la que Ríos es uno de los aspirantes. Este cuenta con el endoso del exalcalde, Héctor O’Neill quien salió del cargo en medio de un escándalo de agresión sexual y por el cual hay un proceso en la Oficina del Fiscal Especial Independiente.
“Aquí estamos hablando de convicciones. Las convicciones son porque hay un procedimiento, una maquinaria judicial que se activa, […] Al final, el sistema de justicia, del cual yo estoy de acuerdo que es el mejor que tenemos, pasa prueba y toma una determinación”, sostuvo.
Otra medida firmada por Rosselló fue el Proyecto del Senado 32, que tiene el propósito de crear el Programa Mujeres Agricultoras en el Departamento de Agricultura, para ofrecer orientación, talleres, instrumentos y financiamientos a las féminas que estén interesadas en dicha actividad económica. En la isla, detalló, solo un 8.8 % de los agricultores son mujeres. Esta pieza fue de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Otro proyecto firmado por el mandatario solicitará a las compañías que quieran entrar al Registro Único de Licitadores demostrar y certificar que cumplen con una política laboral de equidad salarial por razón de sexo; y que cuentan con un proceso de autoevaluación para eliminar las diferencias salariales basadas en el sexo de la persona.
Finalmente, el primer ejecutivo avaló el Proyecto de la Cámara 405, de la autoría de Yashira Lebrón, que obliga a que se notifique en 24 horas a la peticionaria de una orden de protección por violencia doméstica el diligenciamiento de la misma al alegado agresor.
