Los representantes Angel Matos, José “Conny” Varela, Carlos Bianchi y Javier Aponte advirtieron el miércoles que los municipios de la isla podrían enfrentar problemas en el flujo de caja como consecuencia de la Ley para la Reestructuración de la Deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BFG).
A estas expresiones también se unieron los representantes Jesús Manuel Ortiz y José Aníbal Díaz.
“Estas acciones del Gobierno reflejan que hay una política pública escondida para eliminar municipios en el país. Pretenden secuestrar los fondos de los municipios que están en el BGF para garantizar la deuda de los bonistas. Esto va a causar una debacle y se van a ver afectados muchos servicios que hoy ofrecen los municipios directamente a la gente más necesitada”, manifestaron en declaraciones escritas.
“Entre la deuda que tienen los municipios y el BGF, y lo que le están quitando a los municipios de los fondos municipales, todo el peso de la crisis la van a pagar los ayuntamientos. Es decir, todo el peso de esa reestructuración va a depender en su mayoría de los recaudos municipales, y ellos no van a tener ni el derecho a negociar ni a reclamar en un tribunal ni la cantidad de deuda, ni la cantidad de los recaudos”, añadieron.
Por su parte, el representante Ortiz subrayó que con la aprobación del Proyecto de la Cámara 1164 los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) están “sentenciando a muerte” el recogido de basura a sus ciudadanos, el mantenimiento de carreteras municipales, la transportación para las citas médicas, y el empleo de más de más de 55 mil empleados municipales que “van a recibir una reducción de jornada, y hasta podrían ser despedidos”.
Mientras tanto, el representante Javier Aponte Dalmau aseguró que la ley será declarada inconstitucional dado que no se pueden menoscabar obligaciones contractuales. “La aprobación de esta medida de inmediato va a entrar en un proceso en los tribunales. Esto es un error. Están tratando de tapar con un parcho el problema fiscal y de liquidez que tiene el BGF”, sostuvo.
