La divulgación de un video de más de dos horas de un grupo de presos del anexo 501 del Complejo Correccional de Bayamón revela que el contrabando en las cárceles del país sigue siendo el talón de Aquiles del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) en su misión de reformar a los criminales y de, incluso, mantenerlos dentro de las instituciones mientras cumplen su condena.
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Y es que, a pesar de los registros diarios que se realizan en cada una de las celdas y de las medidas de vigilancia que implementa la agencia, los presos —en componenda con algunos guardias correccionales, amigos y familiares— se las ingenian para prácticamente meter de todo a las penitenciarías.
Desde drogas y armas hasta celulares, bombillas y hornillas se consigue en prisión.
El informe estadístico de la Unidad Canina del DCR revela que de febrero a junio de 2017 se ocuparon casi 2,000 cantidades de sustancias controladas, sobre 7,000 medicamentos, unos 500 artefactos para motines y fugas, que van desde fugas, seguetas, varillas, destornilladores, entre otras piezas comunes en ferreterías; y al menos 700 celulares.
La lista es extensa y el pago para obtener algunos de estos artículos, denominados en la cárcel como de “primera necesidad”, es bastante alto, ya que “en prisión prácticamente todo se triplica”, dijo una fuente a Metro que suministró una lista que maneja el DCR de los costos de los artículos más contrabandeados, entre ellos, drogas y celulares.
Según la lista, un gramo de heroína en prisión, que en la calle se consigue por $10.00, aquí asciende a $200.00. Lo mismo sucede con otras drogas, como la cocaína y la marihuana —cuyo precio se dispara— y con los celulares, que en la calle se pueden conseguir a un costo que fluctúa entre los $20.00 y los $40.00; en prisión sube a $500 y $600. Puede llegar incluso a los $1,000, dice la fuente, dependiendo de la urgencia que el comprador tenga.
El contrabando en las cárceles es el principal dolor de cabeza de las autoridades admite Roberto Santiago, director de la Unidad Canina del DCR, quien añadió que, aunque la administración ha adoptado medidas para reducirlo, el confinado siempre busca alguna alternativa para lograr su cometido.
“Hoy el mayor problema que estamos teniendo es la accesibilidad de personal civil a los alrededores de las instituciones quienes lanza el contrabando por encima de las verjas”, acción conocida como “el picheo”, afirma Santiago, quien también reconoce que en la introducción de contrabando a las cárceles participan empleados del sistema.
“Hemos arrestado tanto oficiales introduciendo contrabando. Personal de enfermería, visitantes, familiares, empleados por contrato también han sido arrestados al interior de las instituciones”, expone el teniente, declarando que muchos de los arrestados introducían la mercancía en bultos, comida o en sus cavidades.
Sostiene que, aunque la heroína y la cocaína se mueve bastante en las cárceles, el principal reto que afrontan los guardias correccionales es controlar el contrabando de celulares.
“El mayor dolor de cabeza que tenemos de contrabando son los teléfonos celulares”, confiesa Santiago a Metro.
Precisamente, a través de un celular fue que un grupo de presos divulgaron un extenso video en el que, con cigarrillo en mano y pasándose Percocet, se observan saludando amigos, bailando canciones de moda y hasta contestando preguntas de las personas que los veían en la red social donde transmitieron el video, suministrado a Metro por los administradores de la página en Facebook Candela Penal.
“¿Qué le parece que un grupo de reos haya grabado un Facebook Live desde su celda por más de dos horas y ningún guardia lo haya notado?”, preguntó Metro.
“Muchas veces se limita a un oficial a custodiar a una población donde quizás tengamos de 25 a 30 confinados en un módulo. Entonces, la peligrosidad de que un oficial esté custodiando esta gran cantidad de confinados minimiza las rondas del oficial. El oficial sí puede hacer rondas en el área del exterior en un área común, pero adentro de la vivienda no por la peligrosidad de la situación”, contestó el teniente.
“¿Muy poco guardia para muchos reos?”, cuestionamos.
“La población acrecienta y la oficialidad no da abasto con la gran cantidad de confinados que hoy día albergan las instituciones correccionales”, declaró Santiago, mientras reconoció que, en la medida en que aumenta el contrabando en las cárceles, los reos están más propensos a fugarse.
En la actualidad, la población penal sobrepasa los 10,500 reos en las 31 instituciones carcelarias de la isla. El total de guardias correccionales registrados es de 4,300, pero solo hay activos poco más de 3,800.
La política metida en DCR
Una fuente del DCR sostuvo a Metro que la poca cantidad de guardias correccionales que tiene el sistema obedece a favores políticos.
“Muchos de los guardias donan a los partidos políticos para que los acomoden en unidades (Oficina de Servicios con Antelación a Juicio, Inteligencia o Arrestos Especiales). Lo hacen cada cuatrienio. El beneficio de estar en estas unidades es que tienes horario de oficina, 8:00 a 4:00, y lunes a viernes. Cobras mucho overtime, dietas y millaje”, declaró la fuente a Metro, sometiendo casi dos decenas de fotos de guardias del DCR en actividades político-partidistas.
“Aquí se dobla mucho turno. Los guardias que pertenecían a la cárcel de Mayagüez los sacaron para otras unidades desde enero y no han enviado a nadie. Esto te trae un cúmulo de horas extras por falta de oficiales”, detalló la fuente, al tiempo que agregó que las cárceles, en especial El Zarzal, en Río Grande están en pésimo estado; y los guardias están desmotivados, dada las condiciones en las que los tienen trabajando, incluso “enviándoles merienda con cucarachas”, sostuvo.
“Eso es un hecho aislado. Si calculamos la cantidad de instituciones que tenemos en todo el país versus una noche que quizás pudo haber pasado alguna sabandija, alguna cucaracha en unos alimentos para la vivienda nocturna, eso es un micro de la gran mayoría”, señaló Santiago.
