Fueron varios los momentos agrios que enfrentó hoy el representante del Gobierno de Puerto Rico ante la a Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino, quien hoy participó en la novena reunión pública del ente federal, por primera vez ocupando dicho puesto.
Además del encontronazo entre miembros de la Junta y Sobrino por la resolución aprobada hoy que ordena la reducción de jornada laboral a empleados públicos, el ente federal también le recordó al representante del gobierno que el Plan Fiscal aprobado el 13 de marzo incluye una reducción del 10 % de los beneficios a los pensionados del Sistema de Retiro.
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“El gobierno está comprometido con cumplir con el 100 % de los beneficios”, defendió Sobrino, argumentando que la reforma al Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de los Maestros –que de hecho, fue aprobada anoche por el Senado– así lo establece. Sin embargo, la defensa le duró poco.
“Desafortunadamente estamos en una situación en donde honrar 100 % de la obligación no es factible”, apuntó Ana Matosantos, miembro de la Junta.
El gobierno de Puerto Rico opera tres sistemas de retiro para los empleados públicos: el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno (SRE), el Sistema de Retiro de los Maestros (SRM), y el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ).
Una de las deficiencias que señaló la Junta es que la mayoría de los maestros, jueces, y policías no cotizan al Seguro Social, algo que planteó como uno de los cambios que se debe implementar el Gobierno como solución a la situación de Retiro.
“Aunque es necesario reducir los beneficios para establecer el balance fiscal de las pensiones, esto se debe estructurar de forma que proteja a los retirados más vulnerables, quienes de otro modo podrían empobrecerse y, por lo tanto, verse obligados a depender de beneficios gubernamentales en vez de beneficiarse de las aportaciones que ellos hicieron a los sistemas de pensiones a lo largo de sus carreras”, indicó la Junta.
De acuerdo al memorando explicativo de la Junta sobre la reforma de pensiones, las siguientes acciones son esenciales para reducir y controlar las cantidades adeudadas del Sistema de Retiro, mientras se preservan ingresos esenciales para los retirados:
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- Reducir el total de los pagos de pensión anual en un promedio de un 10 %. Las reducciones deben implantarse de manera progresiva para proteger a los retirados de bajos ingresos contra la pobreza, requiriendo así mayores reducciones de los retirados con los mayores beneficios. Bajo la fórmula esbozada por la Junta de Supervisión, el 25% de los retirados no sufrirá reducciones y la media de los retirados recibirá una reducción de menos de un 10%.
- Cambiar los tres planes de retiro a un mecanismo de fondeo de “pay-as-you-go” (“paygo”), en virtud del cual el gobierno pagará directamente los beneficios de pensión según advengan pagaderos, en lugar de intentar acumular activos para financiar por anticipado los beneficios futuros. El sistema Paygo permite que los sistemas de retiro sigan pagando los beneficios incluso después de agotarse los activos de los planes. Los empleados actuales que están inscritos en los planes de beneficios definidos (BD) del SRM y SRJ, junto con los empleados del SRE, dejarán de acumular beneficios futuros en virtud de dichos planes. Todos los participantes de los SRE, SRM y SRJ acumularán beneficios futuros únicamente bajo el nuevo plan de retiro de aportaciones definidas (AD), según se describe a continuación.
- Los empleados en los planes de retiro de beneficios definidos e híbridos dejarán de acumular nuevos beneficios en virtud de dichos planes, tal como se ha descrito anteriormente. Para todos los servicios futuros, los empleados participarán en cuentas reales de aportación definida financiadas con aportaciones de los empleados. Dichas cuentas se administrarán y se invertirán por separado de los planes del gobierno y cada cuenta será propiedad de su titular. Estas medidas sirven para garantizar que se ahorran las aportaciones de los empleados para pagar sus beneficios de retiro.
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