En un desafío frontal, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no dará paso a la reducción de jornada laboral de los servidores públicos aprobada hoy en resolución por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y notificada al gobierno.
Tal cual establece PROMESA en caso de que el gobernador no acoja una recomendación de la Junta, Rosselló Nevares cursará una carta al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, y al presidente de la Cámara de Representantes federal, Paul Ryan, para informarles sobre su decisión y justificarla.
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Asimismo, se informó que el secretario de la Gobernación, William Villafañe, impartió instrucciones a todos los secretarios, directores, jefes de agencia y demás instrumentalidades de la Rama Ejecutiva a no tomar acción sobre la reducción de jornada laboral propuesta por la JSF.
“No acepto ni pondré en ejecución la reducción de jornada laboral sometida hoy por la Junta de Supervisión Fiscal”, reiteró el primer ejecutivo.
“Nos requirieron que demostráramos la capacidad de tener una reserva en el Departamento de Hacienda de $291 millones al cierre del año fiscal. No solamente cumplimos con esa reserva, sino que para el 30 de junio el balance en caja en el Departamento de Hacienda ascendió a $1,799 millones; esto supera dramáticamente lo estimado en el Plan Fiscal certificado por la Junta”, aseguró Rosselló Nevares.
El gobernador hizo el anuncio durante un mensaje televisado al Pueblo en el que reiteró que la propuesta de la JSF “no se justifica ni es necesaria” porque según él se superaron las expectativas de liquidez establecidas por el propio organismo federal.
Asimismo, el primer mandatario expresó su oposición a los recortes en las pensiones, pues “afectarían desproporcionalmente a los más vulnerables, por lo que estaremos también dando la batalla en contra de esa medida en todos los foros”.
Contrario a esa declaración, la Junta aseguró en sus recomendaciones al Sistema de Retiro que “las reducciones deben implantarse de manera progresiva para proteger a los retirados de bajos ingresos contra la pobreza, requiriendo así mayores reducciones de los retirados con los mayores beneficios. Bajo la fórmula esbozada por la Junta de Supervisión, el 25% de los retirados no sufrirá reducciones y la media de los retirados recibirá una reducción de menos de un 10%”.
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Rosselló Nevares hizo un llamado a los miembros de la JSF a “tomar nuevamente el camino de la sensatez y la prudencia”.
“Activar nuestra economía y estimular la creación de más y mejores empleos en Puerto Rico debe ser un objetivo en común, tanto para el Gobierno como para la Junta de Supervisión Fiscal”, apuntó.
Desde el punto de vista del gobernador, “el recorte de jornada propuesto por la Junta provocaría lo opuesto: aumentaría la crisis y golpearía innecesariamente a nuestro Pueblo, razón por la cual no lo vamos a permitir”.
De igual forma, Rosselló Nevares dijo que su Administración ha tomado diversas medidas de control de gastos para lograr las economías requeridas, a la vez que explicó que de más de 50 leyes aprobadas, 15 tienen como objetivo lograr el cumplimiento de los planes de responsabilidad fiscal acordados con la Junta.
“Se redujeron los gastos con cargo al presupuesto anterior por $200 millones. En nuestro Gobierno hay una reducción del 20% de los puestos de confianza y una reducción de más del 10% en los contratos de servicios profesionales. Las medidas de control de gastos que hemos adoptado y sus resultados no tienen precedentes”, añadió el gobernador.
No obstante, en una férrea defensa durante la novena reunión pública de la Junta, los miembros del ente federal argumentaron la necesidad de la implementación de la reducción de jornada y la autoridad del ente federal para ordenarla.
“Nosotros entendemos que tenemos la autoridad”, afirmó José Carrión III, a preguntas de Metro. “Entendemos que tenemos esa autoridad porque ese fue el plan formado y acordado. Me parece que si no es así es mejor saberlo desde ya”, añadió el presidente de la Junta.
Carrión advirtió que, de no entrar en vigor la recomendación a partir del 1ro de septiembre, la reducción de jornada podría alcanzar hasta los cuatro días mensuales por empleado. La resolución que se aprobó hoy de manera unánime recomienda una reducción de dos días mensuales por empleado, una medida contemplada hasta el 30 de junio del año fiscal 2018.
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En tanto, Villafañe expresó en su carta a todos los secretarios, directores, jefes de agencia y demás instrumentalidades que “todas las entidades de la Rama Ejecutiva deberán continuar sus operaciones como de costumbre”.
“Consecuentemente, ninguna entidad de la Rama Ejecutiva deberá desarrollar, y mucho menos implementar, plan de contingencia alguno en respuesta a lo notificado hoy por la JSF”, detalló Villafañe en la misiva.
Asimismo, Villafañe —quien también es el principal oficial de Administración y Operación del Estado— informó que “los servicios que brinda el Gobierno a la ciudadanía no deben verse afectados ni interrumpidos bajo ninguna circunstancia por la notificación que realizó en el día de hoy la JSF”.
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