La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER) demandó a la Junta de Supervisión Fiscal y al Gobierno de Puerto Rico al alegar que varias leyes locales aprobadas este año, el plan fiscal y el presupuesto violan las constituciones de Estados Unidos y de Puerto Rico.
Más aún, el sindicato de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) radicó un segundo recurso legal en el que sostienen que los nombramientos a la Junta de Supervisión Fiscal no se hicieron de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, por lo que son inválidos y por lo tanto sus determinaciones también lo serían. Las demandas se radicaron en el Tribunal Federal bajo el proceso establecido bajo la ley PROMESA.
Los reclamos principales de la UTIER son sobre violaciones al convenio colectivo que reina entre las partes y que sostienen se mantiene vigente mientras no haya un nuevo convenio. Estos objetan medidas que les recortan y limitan los beneficios de acumulación de licencias de enfermedad y vacaciones, entre otros.
En su reclamo, el sindicato sostiene que existen otras formas de allegar fondos a la AEE como ir tras clientes morosos, revisar los subsidios y los contratos, entre otras.
Los recursos ante la corte federal apuntan a que al menos cuatro leyes recientes que se contemplan en el plan fiscal que les aplica y el presupuesto de la corporación pública son ilegales e inconstitucionales. Apuntan a que la acumulación de vacaciones y enfermedad, incluso hasta la edad del retiro, forman parte de su compensación, por lo que limitarlas o reducirlas viola la quinta enmienda de la constitución de Estados Unidos que establece que los fondos privados no pueden ser tomados por el Estado para fines públicos, a menos que la persona reciba una compensación justa por la propiedad tomada por el Estado. Además, advierten que la desmoralización de los empleados tiene un efecto en la productividad de la corporación que brinda un servicio esencial para el pueblo es motor para la economía. Hablan de un efecto dominó en la economía local.
En una de las demandas se apunta a que muchos de los empleados de la AEE se verían forzados a tomar los días acumulados para no perderlos, lo que resultaría en meses de licencia y la necesidad de subcontratar otro personal, costo que no se contempla en el plan fiscal, por lo que se provocaría un caos económico.
A juicio de la UTIER, el plan fiscal y el presupuesto no cumplen con los requisitos de PROMESA, ni con la Constitución de Estados Unidos y de Puerto Rico. Reclaman que la AEE se declare como un servicio público esencial, quese declaren cuatro leyes inconstitucionales y que estas mismas cuatro leyes violan el convenio colectivo que es un contrato entre las partes, que se declare que las determinaciones de la Junta han sido arbitrarias, sin base racional y que violan la Constitución de Estados Unidos y que se ordene un plan de reestructuración de la deuda de la AEE.
El segundo recurso legal de la UTIER sostiene que los nombramientos a la Junta no siguieron los requisitos de la Constitución de Estados Unidos, por lo tanto se pide que se declare que sus determinaciones hasta el momento son inválidas.
La representación legal de la UTIER en este caso la lleva el abogado Rolando Emanuelli.
El abogado y experto en PROMESA, John E. Mudd compartió en sus redes sociales los recursos radicados por la UTIER.
Aquí los puede revisar:
Promesa Prepa.utier Complaint Watermark by Metro Puerto Rico on Scribd
PROMESA PREPA.utier Appointments Complaint WATERMARK by Metro Puerto Rico on Scribd
