El gobernador Ricardo Rosselló Nevares convirtió en ley el proyecto del Senado 525 que crea la Ley de Transformación Administrativa de la Comisión de Servicio Público, estatuto que simplifica y uniforma los requisitos con que debe cumplir todo operador de transporte terrestre de pasajeros.
“Con esta ley incorporamos las nuevas tendencias de la industria mientras se fortalece y garantiza el derecho del ciudadano a escoger entre todas las alternativas de transporte disponibles en un marco reglamentario que garantice la seguridad pública y la justa competencia”, manifestó el primer mandatario.
La ley permitirá el acceso de plataformas como Uber y elimina requisitos innecesarios que ponían en desventaja a los taxistas. Además, se crea el Procurador del Transporte Público.
Conforme la medida, las empresas de Red de Transporte, como Uber, Lyft y otras plataformas, deberán acreditar que han adoptado los mecanismos para cumplir las disposiciones de la ley, que mantienen un seguro, que todo vehículo utilizado cumple con las debidas regulaciones y que han adoptado una política de cero tolerancia al uso y consumo de drogas ilícitas y alcohol.
También deberán acreditar que han adoptado una política antidiscriminación, que la aplicación móvil muestra al usuario una foto del chofer, el modelo del auto y el número de tablilla antes de que el usuario aborde el vehículo y que tienen un agente residente para velar por el cumplimiento de la ley.
De igual forma, se centralizan bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicio Público los taxis, los taxis turísticos, las ambulancias y los carros públicos.
El senador Miguel Laureano, quien tuvo a su cargo el análisis de la medida, expresó que “estamos satisfechos de haber trabajado y aprobado una medida justa para nuestros transportistas, que atiende sus preocupaciones y, al mismo tiempo, nos permite evolucionar mediante la regulación e integración de otros métodos de transporte cónsonos con la era digital”.
Asimismo, Laureano añadió que “esperamos que los usuarios se beneficien del resultado y que redunde en mejor servicio y desarrollo económico en la Isla”.
El representante Jorge Navarro Suárez, quien evaluó la medida en la Cámara de Representantes, afirmó que “esta ley es otra medida que hemos trabajado responsablemente para la reingeniería gubernamental y con el propósito de crear un Puerto Rico de futuro que se acople a los cambios y las necesidades del Pueblo”.
El presidente de la Comisión de Servicio Público, Luis Damián García, expresó que “con esta ley, el pueblo tendrá mayor oportunidad de escoger los servicios que interesa obtener en un marco de competencia justa”.
“Además, la nueva ley simplifica los requisitos con que tienen que cumplir los operadores de taxis y agiliza todos los trámites administrativos ante la agencia para que los servicios puedan proveerse sin las trabas burocráticas del pasado”, añadió García.
El presidente de la Asociación Centro Oriental de Ambulancias Privadas de Puerto Rico, Francisco Pereira Hernández, comentó que “este proyecto que acaba de ser aprobado hace justicia a lo que por años nuestra industria llevaba como fin de lucha. Reafirmamos nuestro apoyo y total respaldo para futuros proyectos como este, que sean a fin de mejorar la situación de Puerto Rico”.
Asimismo, el presidente de la Confederación Auténtica de Transporte, Luis Falcón, aseguró que “los camioneros de Puerto Rico agradecemos al gobernador la firma de esta nueva ley ya que, por primera vez en tantos años de reclamos, hace justicia a todos los transportistas públicos de nuestra Isla y todos unidos vamos a levantar el transporte y a Puerto Rico”.
En tanto, el presidente de Camiones Unidos, Félix Narváez Oyola, declaró que “estamos agradecidos y complacidos por que en esta nueva ley se hicieron las revisiones para mejorar el transporte en Puerto Rico, lo que hace justicia a los miles de camioneros que día a día se levantan a trabajar para sustentar a sus familias”.
Mientras, el presidente de la Asociación de Choferes de Río Piedras, Ángel Romero, manifestó que “entendemos que la transportación pública en Puerto Rico mejorará notablemente con este proyecto. Confiamos en que la nueva Comisión trabajará en conjunto con los porteadores públicos a fin de asegurar la calidad y los servicios del transporte público en nuestra Isla”.
