La jueza Laura Taylor Swain realizó ayer la tercera vista ómnibus en el Tribunal federal de Hato Rey, audiencia en la que vio peticiones de levantamiento del stay de litigios, detalles del comité de mediación, peticiones para el sistema de retiro de la UPR, entre una larga lista de asuntos incluidos en agenda.
Entre esos asuntos estaba la petición de crear un comité ad hoc de acreedores para los municipios. Aunque aseguró que entendía la crisis que pasan actualmente los municipios, la jueza negó dicha petición.
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Durante las ponencias, se señaló la falta de fondos de los municipios, así como su incapacidad para cumplir con sus obligaciones.
Michael Rochelle, abogado de los municipios, aseguró en su presentación que la situación de la isla se volvería como la que vivió Grecia con sus crisis fiscal, además de puntualizar las dificultades que enfrentan y enfrentarán los municipios tras el recorte de $175 millones en subsidios para este año fiscal.
Entre las razones de Swain para denegar la petición de crear el comité estuvo el Título VI del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), que al continuar en negociaciones de buena fe y con un acuerdo de reestructuración pendiente no caía dentro del Título III de PROMESA.
No a comité de retiro UPR
La jueza Swain negó la petición de crear un comité para los retirados de la Universidad de Puerto Rico.
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Al grupo también se le negó la petición de reconstituir el comité actual que, según recomendaron, tenía que tener un empleado que estuviera activo.
El grupo de pensionados hizo la petición con el propósito de tener alguien en las negociaciones de la deuda del país.
Pendiente moción de levantamiento de stay y nombramiento de síndico para la AEE
La tarifa de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) también fue discutida en corte. Esto tras verse la petición de un grupo de bonistas de la corporación pública, quienes solicitaron el levantamiento del stay que impide la radicación de litigios, además del nombramiento de un síndico.
Swain se reservó la decisión de este asunto en el que se pide que se aumente la tarifa de la AEE para cuadrar el pago de los acreedores. Tampoco se indicó cuándo lo resolverá.
El abogado de la Junta de Control Fiscal (JCF) defendió que no se aumenten las tarifas, con el argumento de que no solo se podían implementar medidas de austeridad. “Algún adulto en la sala debe velar por esto”, refutó Michael Bienenstock.
La solicitud del síndico fue hecha por Angelo Gordon & Co., BlueMountain Capital Management, Marathon Asset Management LLC; los fondos de inversión Franklin Resources Inc., OppenheimerFunds Inc. y las aseguradoras Assured Guaranty Ltd. y MBIA Inc.
Proceso de mediación comenzará en un mes
La jueza Barbara Houser, encargada del Comité de Mediación, expuso que espera que el proceso comience en aproximadamente un mes. Asimismo, precisó que espera que el plan de acción esté listo en los próximos 15 días.
La jueza se mostró satisfecha de lo que se ha alcanzado hasta el momento, a la vez que recalcó que el mencionado proceso de mediación es uno confidencial.
En julio pasado comenzaron los trabajos del comité que busca negociar unos 47,000,000 millones de dólares en deuda.
Pospone caso de Carreteras
La jueza Swain también pospuso la petición de acreedores de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de utilizar los fondos de peajes para pagar la deuda.
Protestan frente al Tribunal federal
El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda realizó una manifestación frente al Tribunal federal, esto para repudiar que sea la Junta de Control Fiscal, quien realice la auditoría de la deuda del país.
La portavoz de la organización, Mariana Nogales, dijo a la agencia Inter News Service que “se busca que se haga una investigación sobre el rol de la banca en la deuda pública y una auditoría de la deuda”. Se espera que el 21 de agosto la jueza Judith Dein decida sobre la petición de un grupo de acreedores de auditar la deuda.
