El Senado aprobó hoy, jueves, una medida que ratifica un acuerdo entre el Banco Gubernamental de Fomento, bonistas del patio y extranjeros, a través del Título IV de la Ley Promesa, para evitar ir a corte y que sea un juez quien decida el proceso de reestructuración de deuda del agente fiscal del Gobierno de Puerto Rico.
El Proyecto 1164 de la Cámara alta “liquida” al BGF y crea el Fideicomiso de Entidad Pública y la Autoridad de Recuperación de Deuda del BGF, ente que absorberá los activos del banco y emitirá bonos de reestructuración. De la misma forma, la pieza crea un gravamen estatutario que garantiza dichos bonos.
Varios alcaldes, así como legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), han criticado la medida porque podría afectar a los municipios, ya que estos son los que aseguran la deuda de los bonitas del banco.
“¿Por qué el BGF, la joya de la corona de Puerto Rico cayó en desgracia? Porque lamentablemente, del 2009 al 2012 se le tomó millones de dólares sin fondos de repago, se usó como una ATH, se permitió eso durante esa administración”, comentó el líder del PPD en el Senado, Eduardo Bathia, durante el debate en el hemiciclo, refiriéndose claramente a acciones de la administración del exgobernador Luis Fortuño.
El expresidente del senado comentó que, una vez el Gobierno de Puerto Rico quiera emitir los bonos de reestructuración que permite el Proyecto 1164, no podrá hacerlo porque la medida está diseñada para que la fuente de repago del dinero sean los municipios, entidades que enfrentan fuertes problemas económicos.
Con la pieza, añadió Bathia, la Legislatura asume que la deuda del BGF es válida, sin haberla auditado. “Lo digo con responsabilidad, eso es precisamente lo que el pueblo de Puerto Rico nos pidió que no hiciéramos”, ripostó.
Enmiendan la Comisión por la Igualdad
De otra parte, el cuerpo también avaló enmiendas al Proyecto 1162, que crea la Comisión para la Igualdad, grupo de siete personas que viajará al Congreso de los Estados Unidos a cabildear por la anexión de la isla como estado.
Las nuevas disposiciones establecen que el Gobierno de Puerto Rico no costeará los gastos del colectivo, sino que se buscará fondos privados para subvencionar los trabajos. Durante la sesión extraordinaria, el senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, quiso introducir varios cambios a la pieza, entre estos que los miembros paguen de su propio bolsillo los gastos de la Comisión de la Igualdad.
De la misma forma, el legislador sugirió que a las siete personas nombradas les aplique la Ley de Ética Gubernamental, para que no puedan tener conflictos de intereses con el Estado. Empero, todas las enmiendas que sometió Dalmau fueron derrotadas por la mayoría del PNP.
En la votación, Bathia calificó el Proyecto como “absurdo”. “Yo quería dejar para el récord que la propia gente de Tennessee y en el Congreso están objetando este plan. Es un intento de cierta gente en Puerto Rico para obtener la estadidad mediante artificios. Está mal mezclar la función de gobierno de este Senado con la función política. No puedo votar a favor de esto, porque es avalar una gestión política, de ir a luchar por lo que cree un grupo de compañeros”, sostuvo.
Por su parte, Ríos corrigió a Bathia, asegurando que el solo han usado el pan Tennessee como un referente, pero no es análogo con el Proyecto 1162 del Senado.
Concurrieron con la Cámara de Representantes
Por otra parte, el Senado concurrió con las enmiendas que hizo la Cámara de Representantes al Proyecto 603, que crea la “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”.
El proyecto busca reformar los sistemas de retiro de los empleados del gobierno y de los maestros que entraron en el Sistema de Retiro desde el año 2014 en adelante.
A su vez, dispone que la obligación de pagar las pensiones que no se puedan cubrir del Sistema de Retiro del Gobierno Central, la Judicatura y de Maestros recaiga en el Fondo General. Esto, a través del sistema pay as you go.
Igualmente, el Senado aprobó –como la Cámara baja– el segundo informe de conferencia sobre el Proyecto 1142, que obligaría a los comerciantes pagar $3,000 para poder operar las máquinas de vídeo y juego electrónico con material de violencia o índole sexual, así como toda máquina de entretenimiento para adultos.
En el caso de las velloneras, mesas de billar, y máquinas o artefactos de pasatiempo manipulados con monedas o fichas de tipo mecánico, electrónico, o de vídeo exclusivamente para menores de edad, la pieza faculta al secretario de Hacienda a imponer el pago de hasta $300 por concepto de licencia.
