El panorama sigue complicándose para los 78 municipios de Puerto Rico, y lo que ya pintaba mal se torna más desagradable para los alcaldes, los empleados municipales y, en la base de la pirámide, los residentes.
Luego de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de negar la petición de crear un comité ad hoc de acreedores para los municipios, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, señaló ayer que 45 municipios cerrarán en los próximos años si no logran los recursos para subsistir en medio de la crisis, municipios que, según Ortiz, aprobaron presupuestos insostenibles.
“Todos los municipios pequeños están en riesgo”, apuntó Ortiz en entrevista con Metro. “Y la mitad de los medianos”, añadió el alcalde de Cayey, sin mencionar específicamente los nombres, con excepción de Yauco, municipio que utilizó como ejemplo.
Yauco, según indicó Ortiz, ha estado operando en déficit presupuestario por los pasados 20 años, sin poder salir de dicho estatus. Con el impacto del plan fiscal, que recorta $350 millones en transferencias del Gobierno central a los municipios entre el año fiscal actual y el próximo, municipios como Yauco podrían verse imposibilitados de operar.
“Tienes todos los municipios pequeños, que dependen del Estado y de ingresos que se recibían del Gobierno central para poder brindar servicios, y, además de eso, el Gobierno central ha seguido aprobando leyes que les han impuesto cargas onerosas a los municipios”, señaló Ortiz.
El cierre de municipios sería una realidad ante el panorama actual. Así también lo prevé el analista político y profesor Ángel Rosa.
“No tengo la menor duda al mirar por encima el panorama municipal de Puerto Rico, que tiene más de 25 (municipios) que no son viables económicamente, que no tienen actividad productiva, que no tienen fuentes de ingreso más allá de las contribuciones de las propiedades, que no están preparados par aguantar el golpe de que el Gobierno de súbito deje de transferir fondos y subsidios, y, por lo tanto, yo creo que va a haber municipios que operacionalmente no van a poder existir”, apuntó, al tiempo que indicó que no debía extrañar ni tomar por sorpresa la decisión de la jueza Swain sobre los municipios.
De acuerdo con el profesor, la jueza decidió en términos estrictamente de derecho, es decir, que la realidad jurídica de los municipios es que están creados en Puerto Rico —desde la Ley Foraker, trascendiendo hasta la Constitución—, jurídicamente basados en el reconocimiento en ley que hace la Asamblea Legislativa, que es un ente del Gobierno central.
“La jueza lo que hizo fue decir, como son criaturas del Gobierno central, en el interés del Gobierno central deben estar incluidos los intereses de los municipios”, explicó.
Los municipios ante el panorama actual
Las opciones o rumbos de acción que podrían tomar los Gobiernos municipales para atacar la crisis fiscal y reducir el impacto no son alentadoras para los alcaldes ni para sus empleados.
“Está la opción de consolidaciones municipales, la consolidación de programas entre municipios, la transferencia al sector privado de algunas de las actividades que hoy día los municipios han asumido, por ejemplo, algunas de las empresas municipales, que, aunque sean fuentes de ingreso, también son fuentes de gastos, y, como ya muchos municipios han hecho, lamentablemente, reducir algunos de los gastos de nómina a través de la reducción de jornada”, explicó Rosa.
Sin embargo, de acuerdo con el también exsenador por el Partido Popular Democrático (PPD), existen otras opciones menos dolorosas que, a su juicio, son viables en varios municipios.
“Una opción que muy pocos municipios han podido desarrollar es organizar instituciones en colaboración entre ellos mismos para procurar proyectos de desarrollo económico que lleguen directamente negociados por los municipios”, explicó.
Según el analista, en Estados Unidos, muchas de las ciudades y de los municipios han paleado la crisis fiscal organizándose y promoviéndose como destinos de inversión.
“Creo que, especialmente en el área del turismo, esa es una opción que tienen algunos municipios en Puerto Rico que no se ha explorado lo suficiente y donde habría la fuente de capital que van a necesitar los municipios para poder sobrevivir”, apuntó Rosa.
¿Tienen los municipios algún proceso de reestructuración al que se puedan acoger bajo PROMESA?
La respuesta es que no. Según explicó el abogado de quiebras federal, John Mudd, la Junta tendría que decidir si los municipios son covered entity bajo PROMESA, pedirles un plan fiscal, aprobar un plan fiscal, negociar de buena fe con los acreedores y, entonces, la Junta —y solo a discreción de la Junta— poder radicar un Título III. El Gobierno de Puerto Rico no tiene nada que ver con eso.
“El problema de los municipios no es la deuda de bonos. El problema de los municipios es que tienen una nómina inflada. Esa es la realidad de la mayor parte, no de todos, los municipios. Lo primero que tienen que hacer es cortar gastos. La manera más fácil de cortar gastos es despedir empleados, pero nadie quiere despedir empleados porque piensan que no los van a reelegir” apuntó Mudd.
“Podrían hacer como algunos municipios han hecho, que han cortado jornada laboral, pueden cortar servicios. El Gobierno municipal tiene que entender que no puede recibir más ingresos (del Gobierno central). El Gobierno central podría tratar de proceder a consolidar municipios”, añadió.
