A la fecha de este pasado viernes, un tribunal de San Juan no había resuelto la moción de desestimación de cuatro imputaciones solicitada por Jaime Perelló Borrás, expresidente de la Cámara de Representantes contra quien se presentaron 9 denuncias relacionadas con actos de corrupción gubernamental durante la pasada administración.
La vista preliminar, que será televisada, se llevará a cabo este martes, 15 de agosto, en el Centro Judicial de San Juan. La vista de Regla 6 del 28 de junio, por petición de la agencia Inter News Service (INS) y de un diario de circulación general, fue abierta a la prensa. Las vistas de causa probable para arresto suelen ser privadas.
El exfuncionario no terminó el cuatrienio 2013-16 sentado en su silla presidencial, al renunciar sin que hubiese sido acusado aun, aunque no se desprendió de su banca como representante electo. Su intento de revalidar políticamente fracasó en 2016. Fue denunciado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente el pasado 28 de junio, junto a su exfuncionario Glenn Rivera (ya convicto en el foro federal). A los coacusados Angel Muñoz Noya y José A. Carrión se les encontró causa probable para arresto hace apenas unos días.
El abogado José A. “Tonito” Andreu Fuentes solicitó el pasado miércoles que se desestimaran cuatro de las 9 denuncias contra Perelló. Tres de las denuncias que son ahora objeto del análisis judicial están relacionadas con un dinero que Perelló Borrás habría recibido de manos de su entonces poderoso recaudador de dinero Lutgardo Acevedo (convicto en el foro federal de sobornar un juez superior) durante la campaña electoral de 2012.
En esa transacción a puertas cerradas dentro de un vehículo todoterreno participó igualmente Anaudi Hernández, quien ya hizo alegación de culpabilidad en el foro federal de ser parte de un esquema corrupto junto a funcionarios de varias agencias de gobierno y la Cámara.
Ese dinero no fue reportado ante en el Contralor Electoral y tampoco fue incluido en el informe financiero que deben someter los legisladores ante la Oficina de Etica Gubernamental.
Hasta este momento, no se sabe a dónde fue a parar ese dinero que Acevedo, frente a Anaudi, le entregó a Perelló en la 4×4, luego de bajarse de un yate en el que los tres paseaban por las calientes aguas de Boquerón. Anaudi era miembro del Comité de Finanzas del comité de campaña de Perelló.
En ese comité se mantuvo activo Anaudi, inclusive ya comenzada la presidencia de Perelló en la Cámara, al mismo tiempo que un RFP para un cambio de cuadro telefónico era amañado para que Anaudi la obtuviera. Tres funcionarios de Perelló en ese cuerpo político, Víctor Burgos, Glenn Rivera y Xavier González, resultaron culpables por esos hechos en el foro federal, con Anaudi y su socio Hectorín Vargas de testigos. Perelló sostuvo bajo juramento ante un Gran Jurado federal que ese RFP fue “abierto y transparente”.
Las denuncias del FEI señalan que Perelló utilizó los poderes de su cargo para intervenir indebidamente” y favorecer a Anaudi, a Eder Ortiz, a Vargas y a Ramses Maldonado. Vargas fue convicto en el foro federal. Ortiz ni Maldonado nunca fueron imputados.
Anaudi comenzó cotizando casi $600,000 por el trabajo en la Cámara, pero luego de varias cifras terminó ofreciendo menos de $150,000, pues desde ese cuerpo le decían “baja la cotización, porque todavía está muy alta” comparada con otras cotizaciones que recibían los funcionarios. Luego de firmado el contrato, Anaudi buscó enmendarlo para aumentar la facturación.
Algún testigo apuntaría directamente al expresidente de la Cámara con conocimiento de esos actos de corrupción en ese cuerpo legislativo.
En algún momento de 2013, Anaudi Hernández habría confrontado a Perelló sobre la tardanza en otorgarle el contrato a su empresa 3Comm y la respuesta del dirigente legislativo para calmarlo habría sido: “el contrato va a ser tuyo”.
INS comenzó a reseñar con exclusividad el 14 de agosto del año pasado, antes de comenzar el juicio en el foro federal, la forma en que Perelló supuestamente recibió ese dinero.
Perelló se presentó en dos ocasiones ante el Gran Jurado.
La información en poder de INS elevaba el monto entregado por Lutgardo a Perelló en unos $45,000, en efectivo. Ahora esa cantidad se ha reducido a algo más de $10,000.
Al serle entregado, Perelló lo habría tomado en sus manos y se lo pasó a Anaudi para que lo guardara. La bolsa era de tipo Ziploc.
“Esto es lo que he podido conseguir”, le habría dicho Acevedo a Perelló, quien en su presentación ante un Gran Jurado no pudo proveer documentación de que ese dinero fue reportado en algún lado.
Tampoco proveyó récords sobre actividades de recaudación en que haya participado Acevedo, amigo muy cercano de Anaudi. Aun así, recibir todo ese dinero en efectivo no le pareció nada sospechoso a Perelló, quien no preguntó sobre su procedencia, según se desprende de sus contestaciones al Gran Jurado, en las que reveló la gran amistad personal y familiar que le unía a Anaudi.
La ley electoral imponía un tope individual anual de $2,500 a los donativos de campaña.
El problema que surge es que si no fue un donativo político, como corroboró INS en una búsqueda rigurosa en los archivos del Contralor Electoral, y la aceptación de Lutgardo y Anaudi de que ese dinero no es el producto en esos días de alguna actividad de recaudación de fondos para la candidatura de Perelló, no puede adjudicársela a algún acto de campaña. Perelló tampoco lo reportó en su informe financiero a la Oficina de Etica Gubernamental.
Tampoco se sabe si incluyó ese dinero en su planilla de contribuciones.
De las cuatro denuncias que Andreu Fuentes solicitó que sean desestimadas, tres están relacionadas con ese dinero recibido en efectivo de manos de Lutgardo y frente a Anaudi, quienes serán testigos de cargo contra Perelló.
Perelló ocupaba la posición número 1 en una lista de regalos de Anaudi para las Navidades de diciembre de 2013, así como recibía invitaciones a fiestas en la suite VIP de Anaudi y otros amigos en el Coliseo de Puerto Rico durante los conciertos. Perelló leyó la lista en su primera comparecencia ante el Gran Jurado. Unas 26 personas aparecían en esa lista, entre ellas, Sally López.
Los delitos que se busca desestimar son los de perjurio (artículo 269 del Código Penla), al no declarar los $10,000 otorgados por Lutgardo; falsificación ideológica (artículo 212) al no informar a la OEG que recibió el donativo de $10,000 de Lutgardo (ingreso dejado de recibir), y; posesión y traspaso de documentos falsificados (artículo217), al ocultar la donación política de $10,000 ante la OEG con la intención de defraudar.
La cuarta denuncia que se pide desestimar es la que le imputa haber utilizado el poder de su cargo al intervenir ilegalmente en el proceso de subasta para favorecer que Anaudi y Hectorín Vargas se llevaran el contrato del nuevo cuadro telefónico,
a base de ofrecer información del proceso que solo Perelló, así como Xabier González y Glenn Pizarro, con quienes el entonces presidente legislativo hizo un “concierto y mutuo acuerdo”, conocían (artículo 4.2 (b), de la Ley de Etica Gubernamental).
