La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto defendió hoy el uso de fondos del municipio para diversas actividades relacionadas con la excarcelación de Oscar López Rivera, entidades como el Regimiento 65 de Infantería y contra la junta de control fiscal.
La Oficina de la Contralora identificó sobre $288,800 usados de los fondos municipales para estos usos.
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“La investigación de la Oficina de la Contralora sobre cuatro querellas presentadas contra el municipio de San Juan sobre la utilización de fondos públicos en actividades y protestas concluye lo siguiente: en San Juan se utilizan los recursos de nuestra gente dentro del marco permitido por ley. El informe refleja que no hubo desviaciones de Ley, por lo tanto, no hubo referidos producto de la investigación”, interpretó la alcaldesa en declaraciones escritas suministradas a la prensa.
Agregó que en un periodo de 4 años, en el que el municipio tuvo presupuestos consolidados de $2.8 billones, “la cantidad de $288,803 en 22 actividades no representa ni siquiera un 1% del gasto público”.
Indicó que la actividad de mayor inversión en estos cuatro años es el Homenaje a los miembros del Regimiento de 65 de Infantería (Los Borinqueneers). Lo que algunos perciben como un gasto de $156,866, en San Juan lo percibimos como un acto de justicia para aquellos que pusieron su vida en peligro y sufrieron en carne propia el discrimen simplemente por ser puertorriqueños. De hecho, este año volveremos a homenajear a los miembros del Regimiento de 65 de Infantería por una sencilla razón: se lo han ganado y se lo merecen”, sostuvo.
“Por supuesto, que siempre hay espacio para mejorar y habremos de evaluar, con el propósito de implantar, la recomendación de incluir datos adicionales en las ordenanzas municipales para así ampliar el espacio de transparencia gubernamental”, señaló la alcaldesa de San Juan.
Además de su reacción, Cruz Soto le recomendó a la contralora Yesmín Valdivieso que, “concluido el proceso investigativo, la Oficina de la Contralora debe revelar el nombre de los querellantes, así como hacer públicas las querellas. No se puede pedir transparencia a unas ramas de gobierno sí y a otras no. Todos recordamos que dichas querellas fueron radicadas durante el final del proceso eleccionario pasado. Todos sabemos que nuestro país hay algunos que cambian de convicción, según su posición”.
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Añadió que resultaría “interesante” saber si el, o los querellantes, apoyan o están en contra de la Junta de Control Fiscal o si “han cambiado su opinión y ahora favorecen utilizar recursos del gobierno en una acción legal contra la Junta, pues eso también es una forma de protesta”.
Para la primera ejecutivo de la capital, “el informe (de la Contralora) demuestra que en San Juan no se discrimina. En nuestra Ciudad se da apoyo a actividades legítimas, no partidistas, en favor de los derechos humanos, la libertad de culto, la celebración de nuestros veteranos del Regimiento de 65 de Infantería (Los Borinqueneers) y el ambiente. Desde Clamor a Dios y nuestros veteranos hasta la comunidad LGBTT y los defensores de nuestro ambiente tienen espacio, derecho y apoyo en San Juan. Somos una ciudad de inclusión y no vivimos con el odio que tienen que enfrentar otras ciudades en el mundo ahora mismo”, afirmó.
La Contralora divulgó hoy su investigación y concluyó que no se emitieron resoluciones “detalladas y claras”.
“El no preparar resoluciones detalladas y claras, en cuanto al fin público y el máximo de fondos públicos a utilizarse, si alguno, puede ocasionar que se incurra en gastos que no hayan sido presupuestados”, advirtió la Oficina de la Contralora en su informe.
Las querellas fueron presentadas por un aparente uso ilegal de fondos públicos para apoyar actividades enrepudio de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En relación con estas alegaciones, el 8 de septiembre de 2016 la alcaldesa realizó una conferencia de prensa en la cual, entre otras cosas, mencionó que el municipio había apoyado varias actividades multitudinarias tales como la excarcelación de un ciudadano, la objeción de la aprobación del impuesto al valor añadido (IVA) y la fumigación con Naled4.
También informó de la objeción a la JSF, la utilización del Coliseo Roberto Clemente para la Primera Asamblea del Pueblo Puertorriqueño contra la JSF, actividad de Clamor a Dios, marchas de equidad plena de la comunidad
LGBTTIQ, actividad para honrar a los miembros del Regimiento 65 de Infantería y actividades para apoyar a ciudadanos que se encuentran en el campamento frente al Tribunal Federal.
La Oficina tomó conocimiento público de estas actividades y determinó que se gastaron casi 300 mil dólares.
Entre ellas estuvo el homenaje a los Borinqueneers en el Coliseo Roberto Clemente ($156,866) y actividades relacionadas con la excarcelación de Oscar López Rivera ($73,613).
