La jueza Waleska Aldebol Mora, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró inválido el aumento en la patente municipal que implementó el municipio de Caguas mediante las ordenanzas 28 y 37, llamada Aportación Empresarial Municipal (AEM).
En la tarde de hoy Aldebo Mora, declaró no ha lugar las solicitudes de desestimación y de sentencia sumaria presentadas por el municipio de Caguas y declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria de los demandantes (varios comerciantes).
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Asimismo, la jueza determinó que la ordenanza número 37, según enmendada por la ordenanza número 2, es ilegal y/o ultra vires.
Además, la magistrada ordenó la devolución de cualquier pago de la Aportación Empresarial Municipal realizados por los demandantes en estos casos.
“Habiéndose decretado la invalidez de esta ordenanza por los fundamentos expuestos en esta Sentencia Sumaria, se hace innecesario pasar juicio sobre los argumentos de derecho que AT&T y DIRECTV presentaron a base de la Cláusula de la Supremacía de la Constitución de EE.UU., el Internet Tax Freedom Act y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Se ordena la devolución de cualquier pago de la Aportación Empresarial Municipal realizados por los Demandantes en estos casos”, reza la sentencia.
En julio pasado, la empresa Caguas Expressway Motors radicó una demanda contra el municipio en la que solicitaba al Tribunal que declare “ilegal, inconstitucional y/o ultravires” las ordenanzas 28 y 37.
A la misma se unieron posteriormente otras compañías como codemandantes.
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El argumento de Caguas Expressway Motors para exigir la derogación del impuesto era que el mismo los afectaría a ellos y a un sinfín de empresas establecidas en el municipio que generan un volumen de negocios igual o mayor de tres millones de dólares.
Según la demanda, —radicada en el Tribunal Superior de Caguas— el impuesto le costaría a Caguas Expressway Motors $1,876,026.92 en 4 años.
La llamada Aportación Empresarial Municipal (AEM) se implantó en Caguas, como consecuencia de la determinación del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, de recortarle escalonadamente $350 millones en subsidios a los municipios, como parte del Plan Fiscal, que fue certificado por la Junta de Control Fiscal.
Con la misma, se pretendía recaudar alrededor de $10 millones.
