Una nueva medida legislativa restrictiva es impulsada en la Cámara de Representantes con el propósito de sancionar con hasta seis meses de cárcel o multa de 500 dólares a las personas que, como parte de una protesta, bloqueen las carreteras.
Los representantes penepés Michael Abid Quiñones Irizarry y Félix Lasalle Toro presentaron el Proyecto de la Cámara 1151 con el propósito de añadir un inciso (h) al Artículo 9.02 de la Ley 22-2000, con el objetivo de prohibir la circunvalación, bloqueo e interrupción del tránsito por las vías públicas con la intención concertada de afectar el flujo automovilístico.
“Resulta necesario crear mecanismos para disuadir que un grupo de personas en común acuerdo invadan las vías públicas con la intención de afectar el flujo vehicular, (ya que) esto representa un peligro para la comunidad, personal de seguridad público y los propios manifestantes en la vía pública”, alegó Quiñones Irizarry, representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP) del Distrito 22 de Utuado, Lares, Jayuya y Adjuntas.
La pieza legislativa establece que la persona que bloquee el flujo de vehículos con premeditación se expone a ser acusado de un delito menos grave con pena de reclusión de hasta un máximo de seis meses o una multa administrativa de hasta 500 dólares, o ambas penas a la vez.
Por su parte Lasalle Toro, quien preside la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara, aseguró que “tenemos y vamos a promover la libertad de expresión”, sin explicar cómo una medida de esta naturaleza lo logrará.
El representante del PNP opinó que “en el balance de los intereses la seguridad de los manifestantes y los conductores supera cualquier observación que debamos respetar en cuanto a dicho derecho constitucional”.
“Esta es una medida que fomenta la discusión pública sobre un asunto que es importante para el pueblo”, agregó Lasalle Toro respecto al proyecto para enmendar la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico que, tras su presentación el 25 de junio pasado, se encuentra en espera del trámite legislativo.
