El gobernador Ricardo Rosselló aseguró que confía que el Tribunal Federal decida a favor de los trabajadores en la demanda presentada hoy por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que pide implementar el recorte de la jornada laboral de los empleados públicos.
“Nuestra Administración ha sido clara en que una reducción de la jornada laboral de los empleados públicos es innecesaria debido a que el Gobierno de Puerto Rico ha logrado los ahorros certificados por la propia Junta de Supervisión Fiscal, ha comenzado la implementación de las reformas necesarias y está encaminado al cumplimiento del Plan Fiscal certificado por el propio organismo federal. Además, la reducción de jornada laboral propuesta tendría un efecto adverso en la economía de la Isla, lo que representa una contradicción con el objetivo común de la Junta y el Gobierno: facilitar el desarrollo económico de la Isla”, expuso el mandatario en una comunicación escrita.
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“Entendemos que la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico tienen diferencias sobre este tema, pero confío en que el foro judicial resolverá esta controversia conforme a derecho y en beneficio del Pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, nuestra Administración seguirá trabajando en la implementación de medidas para facilitar la recuperación económica de la Isla, además de lograr las economías necesarias y una mayor eficiencia en la operación gubernamental”, agregó el primer ejecutivo.
Por su parte, en un documento de 30 páginas la Junta expuso que durante la certificación del plan fiscal enmendado el pasado 13 de marzo, el entonces representante del gobernador ante la Junta, Elías Sánchez, “no sostuvo que las dos enmiendas no fueran partes integrales del Plan Fiscal” por considerar que el Gobierno lograría la reserva adicional de $200 millones para no implementar las medidas antes mencionadas.